Los rescates de Imasa, Isastur y Celsa, pendientes del consejo del lunes
La próxima semana vence el fondo de ayuda | El Gobierno otorgó ayer 32 millones a la ingeniería vizcaína Vicinay Marine
Sede de Isastur en Llanera. | R. Solís / Javier Cuartas
El Consejo de Ministros de la próxima semana será la última oportunidad para los rescates estatales solicitados por las ingenierías asturianas Imasa e Isastur y la siderúrgica catalana Celsa, dueña en Gijón de Moreda Riviere Trefilerías.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE), creado en julio de 2022 con una dotación de 10.000 millones, vence el día 30. Y antes solo habrá una reunión ordinaria del Gobierno, que se ha trasladado del martes 29 al lunes 28 por la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid entre el martes y el jueves.
En la reunión de ayer, el ejecutivo aprobó el rescate de la ingeniería vizcaína Vicinay Marine, de titularidad familiar, mediante una inyección de 32 millones canalizada a través de un préstamo participativo. Con más de 250 años de historia. Vicinay Marine está especializada en diseño, ingeniería y fabricación de cadenas y líneas de fondeo de alta tecnología para estructuras flotantes de los sectores de petróleo y gas, energía eólica marina flotante y naval.
La empresa vasca se suma así a otras ingenierías rescatadas, como la asturiana Duro Felguera y Técnicas Reunidas. El sector de las ingenierías se vio muy golpeado por la crisis económica desencadenada por la pandemia. Otra ingeniería, Abengoa, con graves vulnerabilidades específicas desde hace varios años, vive momentos extremos y ayer un grupo de sus trabajadores y miembros de varios comités del grupo se encerraron en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), gestor del fondo, para demandar soluciones. Reclaman un rescate de 249 millones.
Muy distinta es la situación de Imasa e Isastur, que han pedido en ambos casos una contribución pública temporal de 25 millones de euros cada una, el importe mínimo que permite solicitar el Fondo.
La siderúrgica Catalana Celsa, dueña de la gijonesa Moreda Riviére, ha logrado la autorización del Fondo y la Sepi por un importe de 550 millones, pero su aprobación por el Gobierno está supeditada a que la autorice antes la Comisión Europea (por superar los 250 millones) y a que empresa y acreedores financieros pacten la reestructuración de la deuda del grupo (2.805 millones) para reducirla a al menos 1.737 millones.
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