El consejo de ministros de medio Ambiente de la Unión Europea ha pactado un calendario similar al postulado por la Comisión Europea para la reducción y supresión de los derechos de emisión gratuitos de CO2 que se facilitan a la industria europea, una decisión con gran trascendencia para el sector fabril asturiano.
El Consejo Europeo postula el inicio en 2026 de la reducción progresiva de los créditos de carbono sin coste para los emisores y su supresión al cierre de 2035, con lo que en 2036 ya no habría derechos gratuitos. Es la misma posición que la del ejecutivo comunitario, aunque la propuesta de los estados es, dentro de los mismos plazos, un proceso más gradual.
El parlamento europeo, por el contrario, aprobó el día 22 una propuesta para demorar un año (hasta 2027) el comienzo de la eliminación progresiva de los derechos sin coste y anticipar su finalización a 2032. Esta posición fue el resultado de un pacto entre los grupos parlamentarios socialdemócrata, conservador y liberal por el que se optó por una vía intermedia entre la posición del comité de Medio Ambiente de la cámara, que propugnaba erradicar los derechos gratuitos en 2030, y la del comité de Industria, que prefería hacerlo en 2035.
Ahora se abrirá una negociación entre el parlamento y el Consejo Europeo, los dos colegisladores, con participación de la Comisión Europea como órgano ejecutivo, para llegar a un acuerdo sobre la regulación definitiva, que se prevé alcanzar antes de que finalice el año.
La reducción de los derechos gratuitos a la industria (lo que encarecerá los procesos fabriles de las plantas emisoras de CO2) se verá compensado y acompasado con la entrada en vigor de un arancel ambiental que gravará las importaciones que en sus países de origen no soporten las mismas exigencias ambientales para garantizar la competencia en igualdad de condiciones.
Fondo Social y vehículos.
A su vez, la extensión del régimen de derechos de emisión a los sectores de transporte marítimo y terrestre y de la edificación se acompañará de la creación del Fondo Social del Clima, dotado con amplios recursos económicos para proteger a los sectores vulnerables y evitar un indeseado impacto social de la medida.
El Consejo Europeo ha propuesto a su vez una revisión de los estándares de emisiones para turismos y furgonetas, de modo que a partir de 2035 sólo puedan matricularse vehículos de este tipo que no emitan CO2. La ministra española Teresa Ribera se congratuló por las decisiones del Consejo.
