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PRÁCTICAS FRAUNDULENTAS EN EL MUNDO LABORAL

Segunda multa a Glovo en Zaragoza: 9,3 millones por 1.296 falsos autónomos

La autoridad laboral impone su mayor sanción hasta la fecha en Aragón tras investigar a la empresa durante tres años. Se trata de la segunda actuación contra la plataforma digital, que sigue operando en la ciudad sin meter en nómina a sus repartidores

Un repartidor de Glovo en bici a su paso por el paseo Independencia de Zaragoza. JAIME GALINDO

uevo varapalo al modelo laboral empleado en plataforma digitales de reparto a domicilio. Glovo deberá abonar un total de 9,3 millones de euros por el uso fraudulento como falsos autónomos de 1.296 repartidores de Zaragoza. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha multado por segunda vez a esta empresa por no contratar como asalariados a estos trabajadores --conocidos como riders-- durante los tres años que duró la investigación (entre marzo de 2018 y el mismo mes de 2021) llevada a cabo por este organismo, según la información a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, diario del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este periódico. La empresa ha anunciado que presentará alegaciones, con lo que el asunto acabará nuevamente en los tribunales.

En concreto, la 'policía laboral' reclama a Glovo 6.056.000 euros por la falta de alta de los repartidores en el régimen general de la Seguridad Social y 3.203.000 por las cuotas impagadas de cotizaciones sociales. Las cantidades exigidas a la empresa en la capital aragonesa se suman a la multa de 78,9 millones de euros que la Inspección le ha impuesto en Barcelona Valencia por otros 10.614 riders que ejercían su trabajo como falsos autónomos, según avanzó este miércoles la cadena Ser.

Las actuaciones en estas tres ciudades forman parte de una macro operación en toda España, con lo que el importe de las infracciones será todavía mayor ya que aún no se conoce el resultado en otras capitales como Madrid, donde se estima que esta firma cuenta con unos 5.000 repartidores. Se trata de la sanción más grande impuesta hasta ahora por Inspección de Trabajo a la empresa de reparto a domicilio fundada en Barcelona y propiedad actualmente del gigante alemán Delivery Hero. La 'policía laboral' considera probado que el modelo organizativo de Glovo vulnera la ley con el fin de ahorrarse pagos a las arcas de la Seguridad Social y va en detrimento de las condiciones laborales de los repartidores.

Cinco años de multas y juicios

Las actas de infracción y de liquidación de Zaragoza fueron notificadas a la firma de las mochila amarillas en mayo de este año. El periodo inspeccionado en la última actuación es anterior a la entrada en vigor en agosto de 2021 de la 'ley Ryder', aprobada por el Gobierno tras una catarata de inspecciones laborales y sentencias en contra del sistema laboral de trabajadores por cuenta propia que imperaba en este sector emergente. Por lo tanto, la sanción no está relacionada con la nueva normativa. A partir de esa fecha la compañía hizo cambios en su modelo de trabajo pero, según denuncian los sindicatos, se ha mantenido en sus trece y sigue sin contratar al grueso de los repartidores domiciliarios.

Glovo fue la primera plataforma digital de reparto a domicilio en bici o moto (ahora también en patinete) que empezó a funcionar en la capital aragonesa hace justo ahora seis años. Esta ciudad fue también donde por primera vez se sancionó a la empresa en España por utilizar a trabajadores que no cumplían con la condición de trabajadores autónomos. En esa actuación, avanzada en su día por este diario, la Inspección de Trabajo le aplicó una multa de 379.963,09 euros tras ocho meses de investigación a 329 riders (de julio de 2017 a marzo de 2018).

Actuaciones contra Uber Eats y MyPoppins

Este primer caso acabó en la justicia, que ha ido corroborado el criterio de la autoridad laboral en sucesivas sentencias. Así lo determinó el Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza en un fallo conocido en enero de este año y lo ha ratificado la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una resolución que se dio a conocer precisamente este miércoles. Los reveses judiciales contra Glovo y otras empresas del sector como Deliveroo por el uso fraudulento de trabajadores autónomos han sido numerosos tras el veredicto del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, que respaldó la laboralidad de los riders en una sentencia que sentó doctrina en la materia y cuyo ponente fue el magistrado zaragozano Juan Molins García-Atance.

La Inspección de Trabajo tiene abierta otra actuación en Zaragoza por el mismo fraude laboral, pero en este caso contra la empresa Uber Eats y con 1.800 repartidores implicados. También ha estrechado el cerco sobre la plataforma digital de empleadas de la limpieza MyPoppins, con diez trabajadoras afectadas.

«Se trata de una resolución unilateral, que implica una propuesta de la inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones, y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la justicia, se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y o de infracción», cuentan fuentes de Glovo.

Glovo ha desafiado desde su fundación, en 2014, la opinión manifestada por jueces (Tribunal Supremo incluido) e inspectores de trabajo de que sus repartidores deberían estar empleados como asalariados y no como autónomos. Pese a las multas que la Inspección ha ido emitiendo y la nueva ley Rider, que establece explícitamente que los repartidores deben ser asalariados salvo que la empresa demuestre lo contrario. La flota actual de Glovo ronda los 16.000 efectivos en toda España, según fuentes del sector y únicamente unos 2.000 –en la sección de supermercados– están contratados.

No obstante, en el pulso entre Trabajo y Glovo la velocidad de la Inspección de Trabajo juega a favor del segundo. Pues las multas conocidas este miércoles hacen referencia a actuaciones anteriores a la nueva ley Rider. Y sobre ellas cabe posibilidad de recurso ante los tribunales, lo que dilataría el pago final por parte de la empresa, que pese a ello sigue operando con autónomos. La gran cantidad de repartidores implicados en estos procesos retrasa el cierre de los procesos. «Desde el Ministerio de Trabajo no vamos a parar, van a cumplir la ley», declaró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en los pasillos del Congreso.

El Tribunal Superior de Justicia Aragón ratifica la sentencia contra Glovo

Una nueva sentencia, dictada en esta ocasión por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), reitera que entre Glovo y 329 trabajadores existe una relación laboral por cuenta ajena a los efectos de alta y cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. Con esta resolución se desestima el recurso presentado por la mencionada empresa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cinco de Zaragoza. 

El caso, que ha supuesto una merma próxima a los 400.000 euros para la Seguridad Social, tiene su origen en el acta de infracción levantada en 2018 por la Inspección de Trabajo. El TSJA entiende que existían suficientes mecanismos de control de los riders por lo que la libertad de los trabajadores era solo aparente. La sala social del alto tribunal aragonés confirma así en su totalidad la sentencia recurrida y condena a la mencionada empresa en costas. En este recurso de suplicación están personados la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y los más de 300 trabajadores, oponiéndose a las alegaciones de la recurrente. Contra la sentencia ahora dictada por la Sala Social cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.



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