El acuerdo vinculante y firme suscrito por Duro Felguera y los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México por el que ambos entrarán en el accionariado de la ingeniería mediante una aportación de capital de hasta 90 millones y que les permitirá controlar entre el 31% y el 55% de la compañía asturiana (la participación definitiva dependerá de si acuden o no todos los accionistas actuales a la ampliación) está supeditado al cumplimiento de algunas condiciones legales y regulatorias, y a que los accionistas respalden la emisión de nuevas acciones en una junta general que deberá convocarse al efecto.
Los inversores supeditan su entrada en el capital a que el regulador del mercado (la Comisión Nacional del Mercado de Valores) les exima de tener que lanzar una oferta pública de acciones (opa) sobre el total del capital una vez que superen el 30% de participación, según lo que establece como norma general el decreto de opas para las sociedades cotizadas en Bolsa.
De momento, y antes de la ampliación, los dos grupos aportarán a Duro Felguera 90 millones mediante sendos préstamos para dotar de liquidez a la compañía.
La segunda fase de la operación (la conversión de los préstamos en capital) va a depender de las preceptivas autorizaciones y sobre todo de que, atendiendo a la petición de los inversores, éstos sean eximidos por la CNMV de la exigencia de formular una opa toda vez que van a suscribir como mínimo el 31%.
Las demás autorizaciones previas –para las que no parece que vaya a haber objeciones– deberán ser otorgadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE), que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y por la Sociedad Regional de Promoción del Principado (SRP) porque así está recogido en las condiciones del rescate público otorgado a Duro en 2021 y por el que el Gobierno le concedió 120 millones en préstamos ordinarios y participativos, y el Principado, otros 6 millones en similares condiciones. También la banca acreedora debe dar su placet, según lo pactado en el acuerdo de 2021 por el que las entidades prestamistas accedieron a la refinanciación y quita de la deuda, y a otorgar una nueva línea de avales a Duro con el respaldo de la asegurado de mayoría pública Cesce
La SEPI tiene dos representantes en el consejo de Duro, y la SRP y el Gobierno asturiano mantienen relaciones fluidas con la SEPI y con la empresa, por lo que se presupone que estaban perfectamente informados de las negociaciones con los grupos mexicanos.
Finalmente, los inversores mexicanos deben obtener autorización del Gobierno de España para hacerse con el dominio de Duro de acuerdo con la normativa europea y española de inversiones extranjeras y de control de concentraciones, caso de la norma que se estableció a resultas de la pandemia para impedir el dominio no deseado de compañías de la UE por grupos no comunitarios aprovechándose de la debilidad de las cotizaciones durante el covid.
A estos requisitos se suma la necesidad de que los accionistas apoyen la ampliación de capital en una junta general extraordinaria. La gran atomización actual del capital puede ser una dificultad para alcanzar el "quorum" exigido. La empresa confía en que las condiciones ofrecidas (los accionistas puede suscribir hasta 40 millones de los 90 de la ampliación y, en caso contrario, podrán vender los derechos de suscripción preferente) hagan atractiva la operación, y más cuando la alternativa podría ser funesta.
Duro llegó a subir ayer en Bolsa el 4%, pero acabó cayendo el 5,08% en una sesión de retroceso generalizado en el mercado.