"Pocos impuestos más justos que Sucesiones: evita una sociedad de castas familiares"

Guillermo Peláez Álvarez (Oviedo, 1984) tenía ya su vida prácticamente encarrilada en Madrid –con plaza de inspector de Hacienda, su mujer y su hijo recién nacido– cuando recibió la llamada de Adrián Barbón para incorporarse al nuevo Gobierno asturiano como consejero de Hacienda y Fondos Europeos. Criado en Lugo (donde su padre era funcionario de prisiones) y procedente de una familia de tradición republicana y socialista (es militante desde los 16 años y llegó a presentarse a las primarias para la Alcaldía de Oviedo), Peláez es el miembro más joven del Ejecutivo regional.

–¿En qué consistirá la reforma de la Ley de Hacienda Pública del Principado?

–Consistirá en modernizar el funcionamiento de la administración financiera del Principado y en mejorar los procesos de ejecución presupuestaria. También creo que se pueden desarrollar más las funciones de la Intervención y la auditoría operativa: es decir, no sólo un control de legalidad y contabilidad, sino de eficacia y eficiencia. Y en cuanto a los procedimientos del día a día, creo que la regulación puede actualizarse, en el sentido de definir qué órgano es más adecuado para una u otra función. La ley vigente, de 1998, ha funcionado muy bien, pero para el presupuesto y las competencias que manejamos actualmente se ha ido quedando obsoleta. Muchas veces nos remitimos a normas del Estado y nos adaptamos a ellas, y eso genera inseguridad jurídica y una dilatación de los tiempos. Por lo tanto, es necesaria una ley para que no haya dudas y que en todo momento sepamos qué hay que hacer.

–¿Esta reforma pasa por el aumento de la plantilla?

–En la Intervención es necesario incorporar más gente cualificada, ya que la tramitación de los fondos europeos ha supuesto un plus de estrés, y además esos fondos requieren mucha agilidad para cumplir los hitos previstos. Esto se añade al envejecimiento de la plantilla, que es común a todas las Administraciones públicas.

–¿Es compatible la lucha contra la burocracia, de la que tanto ha hablado Barbón estos años, con el incremento de funcionarios?

–Sin lugar a dudas. De hecho, es imprescindible. Esta ley de la Hacienda Pública es un elemento clave en esa lucha contra la burocracia. Agilizar la tramitación del Presupuesto y garantizar los controles de los procedimientos es luchar contra la burocracia. Conviene recordar que los empleados públicos no son malos o buenos por sí mismos; son malos o buenos si cumplen la función para la que están destinados. Si nosotros incrementamos el personal de esta Consejería, lograremos gestionar con mayor eficiencia los recursos públicos.

La proporción entre servicios, inversión social y funcionarios del Principado está por debajo de la de las grandes empresas

–Se ha alcanzado un nivel récord de empleados públicos: más de 63.000, de los que 44.000 son de la Administración autonómica…

–Las administraciones autonómicas se dedican fundamentalmente a gestionar la educación y la sanidad. Pero también los bomberos, los guardias forestales, las residencias públicas… Lo que es administración pura y dura son 2.000 personas para manejar un Presupuesto de 6.000 millones de euros. ¿Usted de verdad cree que una empresa privada tiene esa proporción? La proporción entre servicios, inversión social y funcionarios que gestionan la Administración está muy por debajo del funcionamiento de las grandes empresas. Por lo tanto, sí necesitamos gente en el corazón de la gestión. Hacemos mucho con muy poco.

–¿El Presupuesto de 2024 será mayor que el de este año?

–Vamos a tener más ingresos como consecuencia del crecimiento económico, y nosotros simplemente vamos a cuadrar el Presupuesto. No tenemos la capacidad legal de hacer un Presupuesto con déficit, ya que, según las normas de estabilidad presupuestaria del Gobierno central, volverá a imperar el criterio de «déficit cero», es decir, de igualar gastos e ingresos. Sí que es verdad que en el ámbito de las consejerías autonómicas de Hacienda cunde el rumor de que puede que en los próximos años se nos exija que las cuentas públicas tengan superávit.

–Asturias es la séptima comunidad mejor financiada. Si el sistema de financiación autonómica finalmente se reforma, ¿la región podría salir perjudicada?

–En ningún caso. El sistema tiene la cláusula incremental asegurada. Dicho sistema hay que reformarlo porque estos años han aumentado los costes de los servicios públicos que prestamos los gobiernos autonómicos. Lo que le pedimos al Estado es que continúe descentralizando el ingreso (bien vía competencias o transfiriéndonos dinero) porque el peso de las políticas de gasto es mayor que cuando se diseñó el sistema.

–¿Pero no se producirán asimetrías si otras comunidades reclaman mejor trato?

–No, porque de lo que se trata es de que nosotros obtengamos los ingresos necesarios para que podamos ejercer nuestras competencias en un plano de igualdad con el resto de españoles. El hecho de que haya otras comunidades que, tras el proceso de negociación del sistema, vean incrementados sus ingresos en mayor proporción que Asturias, a nosotros debería resultarnos irrelevante. Y debemos contar con ese escenario, pero eso no significa que Asturias quede peor parada.

–¿No es un agravio comparativo?

–Qué más da el agravio comparativo, de lo que se trata es de que Asturias obtenga los recursos necesarios para prestar sus servicios. A lo mejor hay otras comunidades autónomas que en estos momentos tienen una mayor necesidad de aumentar sus ingresos que nosotros. No puedo enjuiciar a las demás. Insisto, nosotros vamos a salir ganando de esa negociación, no hay posibilidad de perder.

–¿Considera justo el impuesto de Sucesiones y Donaciones?

–Hay pocos impuestos más justos. Gravar las sucesiones era un elemento nuclear de las revoluciones liberales en las que se fundamentan los Estados actuales, porque lo contrario era el privilegio nobiliario. Los revolucionarios entendían que si no había un reparto de baraja en cada generación, ello atentaba directamente contra la libertad de oportunidades y la meritocracia. Es decir, este impuesto está en el seno del liberalismo clásico, porque lo contrario es consolidar una aristocracia financiera rentista e inmovilista.

–¿Pero no se ha tributado ya por la creación de ese patrimonio que se hereda?

–Quien ha tributado es otra persona. Vivimos en una sociedad de ciudadanos libres, no de castas familiares. Cuando yo heredo, mi patrimonio se ve incrementado. Y yo no he pagado por él. Por tanto, es una capacidad contributiva que se pone de manifiesto de manera directa y que es susceptible de ser gravada. Es algo muy básico.

–El impuesto, no obstante, se puede aumentar o reducir, bonificar más o menos…

–En España hay tres modelos de este impuesto. El asturiano, que a través de mínimos exentos, provoca que entre familiares directos el impuesto sólo lo pague el 0,69% de las declaraciones. Podemos afirmar que el impuesto de Sucesiones entre familiares directos ha desaparecido en Asturias. El segundo modelo es el de Madrid, donde no hay mínimos exentos, pero sí una bonificación del 99%. Ésta, al no distinguir entre patrimonios, beneficia fundamentalmente a los más grandes. En Madrid prácticamente todo el mundo liquida el impuesto, se recaudan 700 millones de euros todos los años. La recaudación per cápita en Madrid y Asturias es muy similar, la diferencia es cómo se redistribuye esa carga. Y luego hay un tercer modelo, que yo califico de populismo fiscal, que es el que aplican las comunidades autónomas ahora gobernadas por la derecha, como Comunidad Valenciana, Andalucía o Baleares, donde antes se aplicaba el modelo asturiano. Si lo bonifican al 99%, se cargan el impuesto, pero no se alivia la carga fiscal de las clases medias y trabajadoras. Exclusivamente alivian a los ricos, poniendo en riesgo la sostenibilidad del presupuesto autonómico.

La ‘vía fiscal asturiana’ es acertada, pero debe simplificarse, hay demasiadas deducciones

–En Asturias, los coeficientes multiplicadores del impuesto (fijados en función de la cuantía y del grado de parentesco) pueden llegar al 87,6%, el tipo marginal más alto de toda Europa.

–Muy pocas comunidades autónomas han aplicado bonificaciones para los grupos 3 y 4, donde están los hermanos, los tíos, los sobrinos o los primos. Es cierto que la ley del impuesto es de 1987 y el modelo de familia ha cambiado, y desde aquí instamos al Estado central a que revise la legislación. Vamos hacia un escenario en el que, por ejemplo, cada vez se heredará más de tíos o tías, y es cierto que ahí hay cierto margen de alivio fiscal. Pero yo acabo de aterrizar en la Consejería y tengo que analizar bien las cuentas.

–Asturias está entre las regiones donde las rentas bajas y medias pagan más IRPF, según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Usted, sin embargo, en su comparecencia en la Junta ha manifestado su negativa a deflactar la tarifa.

–El esfuerzo y la presión fiscal son dos conceptos muy complejos de definir. En cualquier caso, la presión fiscal que soportan las comunidades autónomas es bastante pareja. Una deflactación que sea perfecta sobre el papel mantiene la progresividad del impuesto, por su propia definición, pero la deflactación que se planteó desde gobiernos autonómicos de la derecha era a nuestro juicio regresiva, porque beneficiaba a las rentas más altas.

–Y de ahí la llamada «vía asturiana».

–La vía asturiana trata de concentrar ese ahorro fiscal en las rentas más bajas mediante deducciones, y que sirva para incentivar la natalidad y fijar población en el medio rural. Personalmente me parece una vía acertada, pero creo que hay demasiadas deducciones. Habría que hacer un modelo con menos, y que sean más claras y tengan mayor potencia. Es decir, quedarnos con aquellas que de verdad están funcionando, y potenciarlas.

–También ha dicho que no tocará el impuesto de Patrimonio.

–Hombre, ahora mismo sería un poco ridículo que en Asturias renunciáramos al impuesto de Patrimonio, toda vez que se está aplicando el de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuya recaudación se la lleva la Administración central. En cualquier caso, me remito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que no es una organización precisamente bolchevique y que recomienda la exigencia de un esfuerzo adicional a los grandes patrimonios. Además, entiendo que son ellos los que más disfrutan de los servicios públicos, aunque paradójicamente utilicen colegios y hospitales privados. Son ellos los que se benefician del marco legal y de la seguridad jurídica en la que ese patrimonio puede existir y prosperar.

–Muchos empresarios reprochan que el marco asturiano no es el idóneo para crear riqueza.

–En mi regreso a Asturias me he encontrado con una serie de expresiones que yo no he escuchado en ningún momento en Madrid. Nadie en Madrid piensa que Asturias sea una isla o un infierno fiscal, como estoy escuchando tantas veces aquí. Es un debate que me he encontrado aquí, es puramente interno. Y además está focalizado en que hay una fiscalidad que repele la inversión y la empresa. Eso no es cierto. Las competencias autonómicas en materia de fiscalidad se refieren exclusivamente a los impuestos que gravan a las personas físicas. El IVA, el impuesto de Sociedades o las cotizaciones sociales son competencia estatal. Por lo tanto, esa idea exclusivamente instalada en Asturias se debe a intereses internos. Se trata de hacer pasar por un problema de competitividad empresarial lo que es, pura y llanamente, unos intereses concretos de personas concretas. Y a éstas les digo que tengan cuidado con continuar con ese mensaje catastrofista y con seguir calificando a Asturias de esa manera, no vaya a ser que eso trascienda fuera de aquí y acabe haciendo un daño terrible a la competitividad empresarial. 

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