Las industrias sopesan recursos a la condena por el cártel de la leche

Organizaciones agrarias, fondos y despachos preparan reclamaciones millonarias por daños

Planta de leche.

Planta de leche.

La industria láctea guardó ayer silencio tras la sentencia de la Audiencia Nacional que impone multas relevantes a ocho empresas y dos asociaciones por concertar lo precios que abonaron por la leche cruda a los ganaderos entre 2000 y 2013 e intentar repartirse el mercado.

En algunos medios de la industria se dejó abierta la opción, no obstante, a sopesar posibles recursos ante el Tribunal Supremo una vez que las compañías condenadas dispongan del texto del fallo judicial de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y puedan analizar su contenido y fundamentos.

Mientras tanto, algunas organizaciones agrarias, fondos de inversión y despachos jurídicos preparan acciones de reclamación a las empresas por los daños ocasionados a los ganaderos por la connivencia entre fabricantes. Se trata de acciones que se han ido preparando en los últimos años mediante la captación de delegaciones de representación en el campo para la defensa de los intereses de los afectados. Hace cuatro años se estimaba que las prácticas colusivas habrían podido causar una merma de 3 céntimos de euro por litro de leche entregada, lo que arrojaría cuantías muy elevadas. En 2020 se habló de posibles reclamaciones por 2.340 millones.

El año pasado, algunas estimaciones apuntaban a posibles exigencias compensatorias por daños y perjuicios por un monto de 100.000 euros de media para cada uno de los 13.000 ganaderos que se estimaba que pudieran haber sido perjudicados, lo que arrojaría un total de 1.300 millones.

Sin embargo, hay hechos del periodo analizado que han prescrito, según reconoció en varios momentos del proceso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que supuso exonerar a varias empresas, y tal y como acaba de sentenciar la Audiencia Nacional, que ha forzado a recalcular por ello algunas sanciones, caso de la que afecta a la asturiana Capsa. Es probable también que no todos los ganaderos reclamen.

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