Desbloqueados los concursos para instalar eólicos marinos frente a la costa asturiana con varias empresas interesadas

Luz verde a la esperada normativa eólica marina en España que permitirá la instalación de aerogeneradores frente a la costa asturiana y que supondrá una nuevo empuje para la potente industria de la región vinculada a este sector. El Gobierno sacó ayer a información pública el proyecto de real decreto que regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar y las subastas de los espacios que ya habían sido delimitados hace dos años en los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), entre los que se encuentran tres sectores frente a la costa asturiana: dos el occidente de la región (entre Tapia y El Franco y entre Navia y Valdés) y uno en el centro (frente a Gijón)

España prevé instalar entre 1 y 3 gigavatios de eólica marina en 2030, según la "Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar" aprobada en diciembre de 2021, y compañías como Ocean Winds (participada por EDP y Engie) o la alianza formada por Naturgy y Enagás han manifestado interés en instalar parques eólicos marinos frente a la costa asturiana. Además, el desarrollo de la eólica marina en España supondrá un nuevo empujón para la industria asturiana de las energías "off shore" (fabricantes de componentes, astilleros...) enfocada hasta ahora en la exportación.

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El procedimiento de asignación de capacidad de generación energética será a través de un procedimiento de concurrencia competitiva (subastas) a partir de una orden de la Secretaría de Estado de Energía que establecerá las características del régimen económico que podrán incluir el cupo de potencia máxima a adjudicar, el área o las áreas en las que se ubicarán las instalaciones y las tecnologías, características y requisitos que deberán cumplir las instalaciones que resulten adjudicatarias, así como los criterios y la puntuación mínima que deben superar los proyectos.

Concesión por 30 años

La subasta asignará de forma simultánea el régimen económico del proyecto, la reserva de capacidad de acceso en un nudo concreto de la red de transporte de energía eléctrica así como la concesión del dominio público marítimo-terrestre que será, como máximo, de 30 años.

El Gobierno incluirá, en algunos casos, la posibilidad de establecer una fase de diálogo público-privado previo a la convocatoria de la subasta para los interesados puedan hacer "propuestas de mejora" sobre las ubicaciones; el cupo de potencia: el diseño, construcción y explotación de las instalaciones, o los requisitos y criterios exigibles a los proyectos.

Los concursos que servirán para otorgar los derechos, además de criterios económicos y técnicos –precio de la energía, cupo de potencia, solvencia de los participantes, características y requisitos de la tecnología...– incluirán "criterios no económicos hasta un máximo del 30% de la ponderación", en línea con la nueva normativa europea que está en tramitación en Bruselas. Se valorará, por ejemplo, "el apoyo directo" a la pesca, una de las actividades más afectadas por el despliegue de la eólica marina. En Asturias, los pescadores han protestado por el efecto sobre los caladeros.

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