El choque entre Gobierno y CEOE empuja el diálogo social a un punto de no retorno esta legislatura

El diálogo social tripartito se encuentra al borde de llegar a un punto de no retorno durante esta legislatura. Que el Gobierno le haya abierto la puerta a una patronal alternativa a la CEOE ha sido la gota que ha colmado el vaso tras una retahíla de desencuentros durante los últimos meses. "Está visto que se saltan cualquier acuerdo. Seguiremos yendo a las mesas, pero ahora mismo no estamos en condiciones de firmar nada", así de contundente se muestra un dirigente patronal consultado por este medio. 

La malmetida relación entre los interlocutores, que la desconfianza se haya extendido del Ministerio de Trabajo a Moncloa y la debilidad parlamentaria que sufre el Gobierno de coalición complican que a corto plazo pueda repetirse alguno de los acuerdos transversales que se hicieron habituales durante la pandemia, como fueron los relativos a los ertes covid, la ley de trabajo a distancia o la ley Rider. Aunque el acuerdo social más celebrado por el Gobierno, especialmente por su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue el de la reforma laboral. Reforma apoyada por la patronal no sin división interna. 

La CEOE estalla contra el Gobierno por abrir el diálogo social a Pimec y le acusa de ser "afín a sus intereses"

Es tras ese gran pacto donde otro dirigente patronal consultado sitúa el principio del fin del entendimiento. “Sabiendo lo que vino luego, más de uno [dentro de la CEOE] no hubiera apoyado la reforma laboral”, sostiene.

La gran patronal ya escenificó un primer encontronazo cuando el Ejecutivo aprobó, camuflado vía enmienda en la ley de empleo, un refuerzo del papel de la Inspección de Trabajo en losexpediente de regulación de empleo (ERE), en diciembre de 2022. Se estableció que todo ERE debía venir precedido de un informe de la Inspección de Trabajo que determinara si el inspector veía o no causa lícita para el expediente. Fue una reforma que desde Trabajo y EH Bildu, con quien se pactó dicha modificación, se vendió como una recuperación parcial de la autorización administrativa perdida en la reforma laboral del PP de 2012.

Desde entonces Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, no ha vuelto a estar en ninguna otra foto conjunta con el Gobierno y los sindicatos. Ha rechazado apoyar las subidas del salario mínimo del 2023 y 2024 (en esta última ocasión acusaron a Díaz de ser un “arbitro” que va “con la camiseta del equipo contrario”), así como la última reforma de las pensiones o la más reciente reforma del subsidio por desempleo. De esta última se desmarcaron acusando a la líder de Sumar de electoralista, ya que cerró esta carpeta -que acumulaba un año de retraso y un fracaso parlamentario, en enero-, a cinco días de las elecciones catalanas. 

Debilidad parlamentaria, escollo social

Es en ese fracaso parlamentario del real decreto de los subsidios de desempleo, el pasado mes de enero, donde otra fuente conocedora de los vericuetos del diálogo social ubica ese acercamiento casi definitivo al punto de no retorno. En aquella sesión parlamentaria se escenificó por primera vez en una votación la ruptura entre Sumar y Podemos, lo que endiabla todavía más la aritmética de la que dispone el Gobierno de coalición para sacar adelante sus normas en esta legislatura. “Van a tener que hacer más concesiones a los grupos y eso complica que lo pactado en el diálogo social no cambie luego”, apunta dicha fuente.

Esas concesiones, concretamente al PNV, forzaron al Gobierno a incluir dentro del nuevo real decreto de reforma del subsidio por desempleo, también sin previo aviso a los agentes sociales, la prevalencia aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales. Es algo a lo que CEOE se opone y que la patronal exigió descartar durante las negociaciones de la reforma laboral. 

Aunque no fue la única disposición adicional sorpresa de ese decreto de subsidios que enojó a los de Garamendi. La reforma del Comité Económico y Social (CES) para dar cabida a patronales autonómicas, como Pimec, es leída como una concesión a Junts y ERC y una afrenta al monopolio patronal que hasta ahora ejercía CEOE a nivel estatal. La gota que ha colmado el vaso. "Ya venían manifestando las dificultades que estaban teniendo para llegar a acuerdos en esta coyuntura", afirma una sindicalista negociadora habitual del diálogo social.

Esas dos cuestiones, metidas sin consulta previa a los agentes sociales, también han enojado a los sindicatos, que entienden que ello "quiebre la confianza entre las partes". "Venimos de una trayectoría de amplio diálogo social y no entendemos que algunas cosas sí se lleven y otras no", apuntan desde las centrales.

La reducción de la jornada laboral, cambios en el coste del despido, una nueva reforma de las pensiones o modificaciones en ley de prevención de riesgos son algunas de las carpetas en materia laboral y de Seguridad Social que tiene el Gobierno en su agenda para esta legislatura. “Ahora mismo, tal como está la situación, es casi imposible llegar a acuerdos tripartitos”, reconoce otro dirigente sindical que recurrentemente también se sienta frente a la CEOE.  

La primera mesa que puede ser víctima de esa distorsión será la que está ultimando un reglamento conjunto para obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a tener un protocolo contra el acoso LGTBI. La semana pasada las partes se reunieron y quedaron muy cerca de un acuerdo, si bien el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles ha distorsionado esa sintonía y desde la bancada sindical temen que pueda demorar la firma o, incluso, apartar a la patronal. 

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