El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos, que prohíbe que las empresas hagan donaciones a las formaciones políticas, aunque no a sus fundaciones.
Además, los partidos tendrán la obligación de hacer públicas en sus páginas web las donaciones de personas físicas superiores a 50.000 euros, y quedan prohibidas también las condonaciones de los créditos por parte de los bancos.
El tesorero de los partidos políticos tendrá que comparecer ante el Parlamento para explicar las cuentas, pero su comparecencia se producirá -a propuesta del Tribunal de Cuentas- una vez que esta institución emita el correspondiente informe de fiscalización de la formación política, para que pueda incluir recomendaciones, que a su vez podrá tener en cuenta el responsable económico financiero.
También se contempla el cobro de las sanciones impuestas a los partidos en periodo ejecutivo por la Agencia Tributaria.
