Los reales decretos dictados por el Gobierno para conceder los indultos a los políticos presos por el “procés” pasarán su prueba de fuego jurídico en los recursos que lleguen a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo contencioso-administrativo). Coinciden los juristas en la naturaleza exclusivamente política del indulto, que corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora las dudas inmediatas se centran en quiénes podrán presentar recurso, después de que partidos políticos como el PP y Vox hayan anunciado su intención de recurrir. Los juristas creen que el Gobierno habrá hilado fino para no cometer un error de forma y prevén que el Supremo centré su análisis en la utilidad pública esgrimida por el Ejecutivo para conceder los indultos.
“La concesión de un indulto es una decisión política que sólo puede valorarse en esos términos. El proceso judicial terminó con la sentencia. El indulto debe respetar unos requisitos de procedimiento, pero, una vez cumplidos, se trata de una decisión política. La pregunta es si para el interés de España, y para su imagen internacional, es bueno o útil que los líderes independentistas estén en prisión y tengamos que dar explicaciones y dedicar esfuerzos internacionales (con poco éxito) a justificarlo, y correr el riesgo de que salgan de la cárcel porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dé la razón”, opina Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
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“El Gobierno ha basado los indultos en el concepto de la utilidad pública y eso es lo que va a examinar con lupa la Sala Tercera del Supremo, para determinar si la motivación no ha sido arbitraria. Pero la citada magistratura no es un órgano político y, por lo tanto, se tiene que detener en la naturaleza del indulto. Si el Gobierno esgrime como utilidad pública la concordia, como juez no puedes decir nada, ya que es un acto político no se trata de un acto de naturaleza jurisdiccional; con la utilidad pública poco se puede decir”, interpreta Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional, quien entiende que la Sala Segunda del Supremo “se pasó de frenada cuando en su informe previo habló de autoindulto, con el argumento de que concedía la medida a políticos de un partido que le ha apoyado con sus votos, como Esquerra. Fue más bien un ejercicio sarcástico”.
Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, sostiene que “entra dentro de las competencias del Gobierno la decisión sobre los indultos por razones que, a su juicio, son de utilidad general. El informe negativo del Supremo le ha venido bien al Ejecutivo para justificar el indulto parcial y mantener la pena de inhabilitación de los condenados. De este modo estarán en libertad, pero se les impide su acceso a cargos públicos”. A juicio de Bastida, “los indultos, pese a las apariencias, son un asunto menor. Lo relevante es qué se va a negociar en esa anunciada “mesa de diálogo”.
El Supremo deberá dilucidar si admite los recursos ya anunciados por PP o Vox. “La legitimación para recurrir es un concepto muy estudiado por la doctrina del Tribunal Constitucional. Podrían recurrir los indultos el Ministerio Fiscal y las partes del proceso, como Vox, no hay duda. Pero Pablo Casado no sé qué legitimación podrá aducir. Queda en manos del Supremo ver si amplía el margen de legitimación, por ejemplo en base al derecho a la tutela judicial efectiva”, apunta Punset.
“Los decretos son por supuesto recurribles en la vía contencioso-administrativa por las partes personadas”, comenta Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. “La valoración jurídica es fácil de hacer porque el Gobierno habrá tenido buen cuidado de no saltarse la ley a la torera. Era lo único que faltaba”, afirma Sosa Wagner, para quien “desde el punto de vista político, los indultos permiten constatar que el presidente del Gobierno de España es un rehén de los separatistas catalanes, lo que es una desgracia para España”. También realiza “un vaticinio” en una doble vertiente jurídica y política: “En breve nos anunciará en alguna plaza de toros la reforma de la sedición y el referéndum de autodeterminación”.