Los consumidores tendrán a partir del año que viene un nuevo derecho: llevarse a casa aquello que no han consumido en bares y restaurantes, en un envase que también provenga del establecimiento. La práctica, cada vez más habitual, es en estos momentos solo una posibilidad que la hostelería puede o no ofrecer, pero será una obligación con la nueva ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes como proyecto. Ahora comenzará su recorrido parlamentario, y la previsión del Gobierno es que esté en vigor el 1 de enero de 2023.
“Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido, salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares. Para ello deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables”, señalan en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, responsable de la nueva norma. Solo Francia e Italia tienen regulaciones similares a esta.
El desperdicio alimentario supone cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el planeta. Si fuese un país, sería el tercero en huella de carbono, solo por detrás de EEUU y China. Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) refleja que el español medio tira 77 kilos de comida al año. En Agricultura rebajan esa cifra, a través de un informe distinto que calcula que el desperdicio por persona es de 31 kilos de víveres anuales (unos 250 euros), pero evitan minimizar un problema que, según dijo desde la Moncloa el ministro, Luis Planas, “tiene importantes consecuencias económicas, medioambientales, sociales y éticas”. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 30% de los alimentos en el mundo se desperdician por el camino que va del primer eslabón productivo a la llegada a los ciudadanos.
El objetivo de la norma, en sintonía con lo que recoge la Agenda 2030, consiste en reducir a la mitad a lo largo de los próximos siete años y medio el derroche de comida en la venta al por menor y el consumo individual.
No es "intervencionista"
A pesar de que el grueso del problema reside en los hogares, porque es allí donde se concentra la mayor parte del derroche, la ley no contempla sanciones para los consumidores. “Esta ley no pretende ser intervencionista, es regulatoria y de concienciación”, dijo Planas. Las multas se concentran en los agentes de la cadena alimentaria, que deberán disponer de un plan de prevención de las pérdidas, fijando medidas para minimizarlas, a través de cuatro prioridades. Por orden de jerarquía serán el consumo humano, la transformación en otros productos (cremas, zumos, mermeladas…), la alimentación animal y, por último, la elaboración industrial para obtener compost o combustibles.
Estos agentes deberán también suscribir convenios de colaboración con empresas, oenegés o bancos de alimentos para la donación de comida, estableciendo con claridad las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos.
Será falta grave, sancionable con multa de entre 2.001 y 60.000 euros, no contar con ese plan de prevención. Se considerará una infracción muy grave, con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, cuando se hayan cometido dos faltas graves en el plazo de dos años.
