Por las referencias al 'lawfare'

El Consejo Fiscal ampara por unanimidad a los fiscales del 'procés'

El órgano asesor del fiscal general se ha pronunciado a instancias de los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / EP

Ángeles Vázquez / Cristina Gallardo

El Consejo Fiscal ha amparado por unanimidad a los fiscales del 'procés, tras introducirse el punto en el orden del día de la reunión prevista para este miércoles a petición de los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif). El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su parte, ha hecho una declaración institucional para dejar constancia "de manera inequívoca" su "apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña".

Pese a que en un momento se mostró reacio a expresar de forma clara su apoyo a los fiscales del 'procés', cuyo amparo habían solicitado directamente en una carta, García Ortiz se ha remitido a sus anteriores comparecencias institucionales, en las que ha ido siendo cada vez más explícito, para afirmar ante el Consejo Fiscal que "la defensa del Estado de derecho es una función prioritaria de los y las fiscales (...) ante los tribunales de justicia".

"El sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático. De ahí la importancia de la lealtad institucional como elemento vertebrador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es el mejor modelo de convivencia, como así ha sido desde hace más de 45 años", afirmó García Ortiz.

La declaración, que también ha sido suscrita por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal jefa de Inspección, Maria Antonio Sanz, viene a responder a la carta que le remitieron los fiscales del 'procés' ante el alto tribunal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, para reclamarle amparo ante la inclusión del término 'lawfare' (persecución judicial sin fundamento contra el adversario político) en el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts. García Ortiz les respondió apelando a la separación de poderes para justificar que no se pronunciara expresamente contra la amnistía. Concluía asegurando que defendería la autonomía fiscal de todos los miembros de la carrera fiscal.

Ataques a jueces

Su retraso en pronunciarse directamente sobre los fiscales del 'procés' le valió que más de una veintena de fiscales de Sala y de Penal del Supremo firmaran dos escritos. En el primero le reclamaban su apoyo a los compañeros que habían intervenido en ciertos procedimientos y en el segundo que se pronunciara también en favor de jueces del Supremo por los ataques de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Aunque no figuraba en el orden del día, algunos vocales lo han planteado también en ruegos y preguntas. El fiscal general ha recordado que el artículo 14 de la ley orgánica del poder judicial prevé que los jueces que se consideren inquietados o perturbados en su independencia deben dirigirse al Consejo General del Poder Judicial, mientras que lo que se encomienda al ministerio fiscal es promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial, una posibilidad que se presume imposible, dado que los diputados y senadores gozan de inviolabiliad parlamentaria.

También ha rechazado que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. El fiscal general "ha manifestado que un pronunciamiento u opinión del Consejo Fiscal excedería las competencias que este órgano tiene legalmente atribuidas y supondría interferir en las facultades tanto de un poder del Estado, como es el Legislativo, como en las competencias que corresponden a otros órganos del ministerio fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma".