La Fiscalía pide el traslado a España de una fiscal afgana que encarceló a un líder islamista hoy libre para darle protección

Protección para los fiscales afganos, especialmente las mujeres, que ahora son perseguidas por los mismos yihadistas contra los que actuaron y hoy están libres gracias al régimen talibán. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interesado a la Sala de lo Contencioso de este órgano que se acuerde el traslado a España de una de ellas para que pueda obtener protección internacional.

La situación de esta fiscal es muy similar a las de las 27 fiscalas y juezas afganas que sobrevivían de forma precaria en la capital de Pakistán desde la caída de Kabul y lograron llegar a nuestro país hace poco más de un año. Eludieron así una muerte casi segura en el caso de ser deportadas a su país de origen. Un riesgo que cada día que pasaba era más cercano, pues sus permisos de permanencia en Pakistán se encontraban caducados.

En una situación similar está la fiscal por la que ahora se ha interesado la Fiscalía española, que estuvo destinada a la lucha antiterrorista en la República de Afganistán. En ejercicio de sus funciones participó directamente en casos relevantes, entre otros, en la investigación y acusación del entonces líder de Estado Islámico en Afganistán.

Su marido, abogado de profesión, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses, según informa el Ministerio Público español. Cuando los talibanes asumieron el poder en Afganistán liberaron a todos los criminales presos, entre ellos a los terroristas que había acusado.

A la vista de la situación y del grave peligro para su vida, huyó a Pakistán con su hijo que entonces tenía 5 años y su hermana menor; encontrándose pendiente de deportación a Afganistán, a donde ya ha sido enviada esta última con paradero desconocido. Esta mujer está además señalada por haberse pronunciado públicamente contra las medidas que restringen severamente derechos fundamentales en su país”.

"La no adopción de la medida cautelar interesada (traslado a España para hacer posible la presentación de la solicitud), puede hacer perder la finalidad legítima del recurso interpuesto, habida cuenta el grave riesgo de ser deportada de Pakistán a Afganistán con serio peligro para su vida", apunta la Fiscalía.

Este asunto llegó a los tribunales ante el silencio administrativo de las autoridades españolas frente solicitud de protección internacional realizada por la fiscal ante la Embajada Española. Por parte de la mujer afgana acudió a la Fiscalía Maurici Pérez Simeón, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y director de la denominada Clínica Jurídica de la universidad, una entidad que actúa en favor de personas o colectivos vulnerables.

Silencio de la Embajada

En su escrito de solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apunta que, en su petición de asilo, la fiscal aportaba documentación acreditativa de riesgo inminente para su vida si es aportada, aunque el embajador de España en Pakistán acusó recibo de la instancia pero "no resolvió dentro del plazo ni tampoco hizo ningún acto más de trámite". El expediente cuenta también con un informe policial que califica de veraz la información aportada por el vicedecano.

Ante la inactividad del señor embajador, la abogada de la Clínica Jurídica interpuso recurso-contencioso administrativo y solicitó, como medida cautelar, el traslado de la fiscal a España. "El recurso se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia Madrid, pero este órgano se declaró incompetente y trasladó el recurso a la Audiencia Nacional donde se encuentra en trámite. De momento, la fiscal su hijo siguen en Pakistán pero la hermana fue detenida por las autoridades pakistaníes hace diez días y deportada a Kabul, donde se encuentra actualmente escondida.

Actuación del Supremo

Las actuaciones en protección de ciudadanos afganos también han tenido eco en otros órganos judiciales españoles. La pasada semana, el Tribunal Supremo interesó el traslado urgente a España de ocho ciudadanos afganos --familiares de un colaborador de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Afganistán-- para que puedan presentar una solicitud de protección internacional, al tiempo que ha subrayado que debieron haber sido trasladados en 2021 cuando Exteriores les amparó con un salvoconducto por estar perseguidos por el régimen talibán.

"La Administración recurrida asume y reconoce el peligro grave para su vida. El salvoconducto acredita que el interés público consiste en que estas personas sean trasladadas a nuestro país para que puedan solicitar la protección del Gobierno de España. A pesar del tiempo transcurrido, la Administración recurrida no puede desvincularse ahora de su propio acto", han señalaban los magistrados del alto tribunal en su resolución.