R. V.

Paz Fernández Felgueroso es ahora mismo una enérgica jubilada de 75 años, buena salud y pretensión de larga vida, pero desde siempre ha tenido claras sus intenciones sobre la atención que desea recibir en caso de que le llegue un momento de grave deterioro físico y mental. Y la rotundidad en esa posición hizo que, mientras se sustanciaba o no su conflicto con la Administración regional, levantase acta notarial de sus deseos. La ex alcaldesa firmó ante un notario gijonés en abril de 2011 un documento de instrucciones previas y autodelación de tutela en la que designa a su hija Paz como su representante habilitado ante el equipo médico, tutor y curador de su persona y bienes.

En este documento establece que «para el supuesto de padecer una enfermedad crónica, terminal o que le origine una situación vegetativa irreversible no se le mantenga en vida por medio de tratamientos extraordinarios o desproporcionados, no se le prolongue irracionalmente su proceso de muerte y que se le administre el tratamiento adecuado para paliar el dolor». Y a renglón seguido queda escrito que «igualmente, si al tiempo de la entrada en funcionamiento del presente instrumento público la legislación lo permitiera, incluso la utilización de medios activos encaminados a lograr el acortamiento de la vida de los pacientes terminales, quiere que estos puedan llegar a ser utilizados por la persona designada».

A este documento se hace mención directa en una anotación marginal escrita en el certificado de nacimiento que de Paz Fernández Felgueroso consta en el registro civil de San Sebastián, donde fue inscrita la ex alcaldesa de Gijón el 28 de septiembre de 1937. Es la segunda anotación al margen de la partida de nacimiento de Felgueroso, la primera está fechada en abril de 1962 -coincidiendo con la tramitación de su matrimonio con Daniel Palacio- y buscaba solventar el error de transcripción detectado en la partida con respecto al segundo apellido. La existencia de este documento notarial también fue incorporado por Felgueroso a su polémica con el Principado de Asturias para dejar evidencia del grado de compromiso con esa petición personal.