Rosa Aza: "No hay causa todavía sobre El Musel, o a lo mejor no la hay nunca"

El Juzgado Central de Instrucción Número 3, que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez, abrió diligencias a raíz de las denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción y por la asociación OCAN, fundada por militantes de Podemos en Asturias. Ambas denuncias tenían como base el informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

"Diligencias previas son para investigar y de hecho, (el juez) pide a la IGAE (intervención del Estado) que actúe como perito" para examinar el expediente de la obra de ampliación y "una vez que tenga toda la información y el peritaje del IGAE, el juez tendrá que decidir si abre causa o no, pero estamos en una fase previa", señaló Aza para explicar que el Puerto está personado en esas diligencias, pero no como acusación ni como defensa, porque "en estos momentos" aún no hay causa, sino una investigación previa.

El juez ha solicitado a la Autoridad Portuaria el expediente íntegro de la obra, así como la relación de cargos y consejeros, documentos que el Puerto le remitirá previsiblemente hoy martes. Puertos del Estado ya ha remitido su relación de cargos en la época de la ampliación, añadió.

Aza hizo esas consideraciones tras la celebración de un consejo de administración en el que se informó a los consejeros sobre el informe remitido a la UE para tratar de evitar la revocación de los 247,5 millones de euros de subvenciones que plantea Bruselas, atendiendo a las recomendaciones de Antifraude. La presidenta de El Musel señaló que la Fiscalía Anticorrupción no pidió al Puerto "ninguna aclaración" antes de interponer la denuncia, si bien matizó que "el trabajo que haya realizado (Anticorrupción), nosotros no lo podemos saber".

Aza recalcó que "en el expediente que consta en esta Autoridad Portuaria no se encuentra nada que permita afirmar que hubo tales irregularidades o delitos", si bien matizó que "si, hipotéticamente, alguien atentó contra los intereses de esta Autoridad Portuaria, nos defenderíamos". En todo caso, Rosa Aza insistió en la presunción de inocencia "de los sujetos" hasta que no se demuestre lo contrario.

La presidenta de El Musel también señaló que el abogado del Estado jefe en Asturias, José María Alcoba, "no manifestó aquí en el consejo ninguna discrepancia nunca" sobre el expediente y "siempre planteó la legalidad de las acciones y decisiones del consejo en cada momento, con la información que tenía". Respecto al informe de la sección penal de la Abogacía del Estado que considera que los hechos que denuncia la OLAF revisten características delictivas, Aza señala que lo afirma "con un condicional muy claro", apuntando que si son ciertos esos hechos, serían delictivos.

Rosa Aza recordó que el Puerto tiene varios "frentes" abiertos y se está jugando 600 millones de euros en dos de ellos: La posible devolución de 198 millones de Fondos de Cohesión y no recibir los 49,5 que la UE aún no abonó de la subvención que había concedido a la obra (247,5 millones) y por otro lado, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Unión Temporal de Empresas Dique Torres para tratar de cobrar 350 millones de euros añadidos a los 710 millones que ya recibió por los trabajos.

Respecto a la tramitación pendiente en la UE para decidir sobre el recorte de subvenciones, los responsables del Puerto serán citados a un "hearing", una reunión en la que expondrán sus argumentos. "El 'hearing' está pensado para buscar un acuerdo. Sería estupendo que lo consiguiésemos, pero desde luego muy lejos de lo que dice la DG Regio", indicó Aza.