La Audiencia Nacional abrió la investigación sobre las supuestas irregularidades en la ampliación de El Musel el pasado febrero, a partir de las denuncias que interpusieron la Fiscalía Anticorrupción y Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturias (Ocan), asociación vinculada a Podemos y que ahora ejerce la acusación popular. Las denuncias se hicieron en base al informe de la OLAF, que vio irregularidades en la contratación de la obra y en su ejecución, incluyendo la aprobación de los sobrecostes.
Del análisis del informe de la OLAF, Anticorrupción concluyó que había supuestos indicios de seis delitos: Fraude a la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, malversación de fondos públicos, estafa agravada, falsedad documental y prevaricación.
Las obras de ampliación han costado cerca de 710 millones de euros, incluyendo 124 de sobrecostes. Dique Torres reclama en los juzgados de lo contencioso otros 350 millones, reclamación parada a la espera de que se sustancia el proceso penal. Paralelamente, la OLAF ha recomendado a la UE que revoque los 247,5 millones de Fondos de Cohesión que concedió a la obra.
