El gijonés Jaime Cifuentes tiene más de 80 años, y ha pasado los últimos treinta de pleito en pleito por "lo que es nuestro", asegura rodeado de carpetas a rebosar de documentación sobre su cruzada particular: la expropiación forzosa de sus fincas, en las que se construyó la urbanización "La Guía" y el parque urbano Alejo Caso, este último renombrado hace sólo unos meses con el nombre de quien fuera mayordomo de El Molinón.
El proceso de expropiación, que se inició en el año 1992, es largo y complejo, como detalla Cifuentes. A lo largo de tres décadas la familia ha obtenido una veintena de sentencias favorables a sus reclamaciones, pero aún no han conseguido que el Ayuntamiento les reintegre los intereses que les corresponden después de lograr, con varios pleitos de por medio, que les pagaran la expropiación de los terrenos.
"Nos pagaron en el año 2005 después de emprender numerosas acciones judiciales, pero nunca nos abonaron los intereses por dicha cantidad, que ascienden a más de 200.000 euros", indica el vecino. Tienen a su favor una sentencia del Tribunal Supremo que obligaría al Ayuntamiento de Gijón a pagarles dicha cantidad, como responsable subsidiario de una junta de compensación que se ha declarado insolvente, y que nunca se ha disuelto "porque legalmente no es posible". El plazo para la ejecución de la sentencia concluyó hace un par de días "y seguimos esperando que nos den respuesta a la reclamación", clama Cifuentes.
Para comprender el proceso hay que remontarse a principios de los años 90, cuando se puso en marcha un proceso de expropiación de los terrenos en los que se levantaría posteriormente una urbanización. La familia Cifuentes no estuvo conforme con el precio estipulado para sus fincas y no se unió a la junta de compensación formada en la zona, iniciando un proceso paralelo para exigir un precio "más justo" para sus tierras.
"El expediente de nuestra causa desapareció del Jurado de Expropiación misteriosamente, retiraron la pieza separada y nos vimos obligados a iniciar un contencioso por ese motivo", explica el propietario. Posteriormente lograron que se les abonara el dinero estipulado por la expropiación forzosa, "una cantidad con la que no estuvimos de acuerdo en ningún momento", pero los problemas nunca dejaron de sucederse porque "el dinero estaba consignado en la Caja General de Depósitos", a disposición del Ayuntamiento de Gijón, y los intereses devengados "nunca se nos abonaron".
La causa llegó al Supremo, que falló a favor de la familia, y con el tiempo de ejecución de sentencia ya caducado, "no sabemos nada de nada; esto ha pasado de ser una expropiación a ser un expolio en toda regla", clama Jaime Cifuentes. La pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que "sabe que tiene que pagar, pero no lo hace no sabemos por qué; nos han dicho que esa cantidad está consignada en una partida presupuestaria, pero no es excusa", señala el propietario, que pone a Vicente Álvarez Areces, alcalde por entonces, y Jesús Morales, concejal de Urbanismo, como origen de todos unos males que han ido pasando de equipo de gobierno en equipo de gobierno hasta llegar a Foro. "Que lleva cinco años en el gobierno y no ha hecho nada", sostiene Jaime Cifuentes antes de señalar al director de la asesoría jurídica de la alcaldesa y a la propia Carmen Moriyón como responsables actuales de "retener el dinero y que no se nos pague lo que es nuestro".
Y no sólo eso. "Esa cantidad es la punta del iceberg", advierte la familia, porque acaban de recibir el fallo de un nuevo contencioso en el Supremo que les da la razón tras solicitar la retasación de los terrenos, revalorizados después de largos años de lucha contra la administración.
"Somos víctimas de la negligencia de la Administración, que no se da cuenta de que es un dinero que al final aportarán todos los gijoneses y que no deja de aumentar cada día que pasa", recalca el vecino de Somió. "Cada sentencia, un nuevo pleito", resume con la paciencia de quien lleva décadas de pelea "por lo que es justo".
