Carles Ramió (Girona, 1963), es Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, de la que es actualmente Vicerrector. Ayer acudió a Gijón para ofrecer la ponencia "La administración del año 2050", dentro de las jornadas "¿Por qué es necesario reformar y transformar la organización y el funcionamiento de nuestros ayuntamientos?", organizadas por el consistorio gijonés junto con el Colegio de Interventores y Tesoreros del Principado de Asturias.
-¿Cuál es el estado actual de la Administración pública?
-Tiene aspectos que son muy positivos: da un servicio de bastante calidad, de forma bastante eficaz y eficiente, tiene personal cualificado? Pero lo cierto es que los cambios que hay en el contexto, tanto tecnológicos como sociales, económicos o políticos, hacen que la Administración pública deba ser mucho más abierta y proactiva hacia el cambio, ya que se está quedando un poco atrás debido a la evolución de los meteóricos cambios que está sufriendo su entorno.
-Es decir, es necesario una modernización de la Administración pública.
-Sí. Hay que repensar el modelo de Administración pública para hacerla mucho más ligera, mucho menos barroca en su gestión interna y que le permita sobre todo tener mucha mayor fortaleza y calidad institucional. Es decir, que no exista clientelismo en el acceso de empleados públicos, que esté regulada una dirección pública profesional y que no todo sea una cuestión de confianza política, que exista mucha más transparencia, rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas. Un país va bien o va mal en función de la calidad institucional que tengan sus administraciones públicas.
-Qué quiere decir?
-Los economistas llevan años estudiándolo. Sin ir más lejos, en el libro "¿Por qué fracasan los países?" se trata. No fracasan por temas culturales o climatológicos, sino debido al bagaje institucional que tiene una sociedad u otra, que permite fomentar la trastienda jurídica que hace que crezca el desarrollo económico y con ello el humano.
-¿En qué cristaliza esto dentro de la Administración?
-Hace que, además de ser eficaces y eficientes, tengan que ser mucho más solventes institucionalmente en la relación que tienen los políticos con la Administración pública, que ha de ser más delicada y respetuosa. Además, tiene que ser una Administración pública mucho más inteligente porque la gestión pública moderna se basa en la gobernanza, la colaboración con empresas y con la propia sociedad que está empoderada mediante las redes sociales. Todo ello hace que ahora ya no exista una lógica únicamente vertical en la que el Estado lo dirige todo, sino que se hace por medio de colaboraciones, aunque alguien tiene que hacer de director.
-¿Qué necesita la Administración para poder ocupar ese papel?
-Tiene que disponer de buenos sistemas de información y de mucha capacidad analítica para poderse anticipar a los problemas, para poder ser ella la que lleve la agenda y no los actores privados, a los que no veo que puedan defender con conveniencia el bien común y el interés general.
-Entonces, ¿qué pasos hay que dar para llegar a esa administración pública de 2050 de la que usted habla en su ponencia?
-Tiene que dejarse de capturas políticas, corporativas y sindicales. Aquí todos estamos por el interés del bien común, por lo que hay que establecer una administración pública acorde a esos retos, y eso solo se puede hacer con cambios y reformas. Las rémoras en este caso son los actores políticos que se resisten porque les encanta meter mano y jugar con la arquitectura institucional, que no debían hacerlo y, por otro lado, los empleados públicos que somos buenos profesionales pero conservadores y reactivos ante los cambios, porque queremos mantener nuestros privilegios. Muchas veces las reformas implican que hay que simplificar y eliminar jefaturas, y nadie quiere renunciar a una. Por eso se ha de apelar a nuestro sacrificio para que nuestros hijos puedan tener una administración pública solvente como la que nosotros disfrutamos. Hay que mirar por la sostenibilidad institucional intergeneracional.
-¿Está mal vista la Administración pública por parte de los ciudadanos?
-Sí, pero es porque los ciudadanos desgraciadamente no tienen una relación sistemática con la Administración pública. La evaluación de la Administración pública en España es negativa, aun cuando funciona bien, pero los españoles somos burófobos, odiamos la burocracia. Pero sin embargo, cuando se nos pregunta por servicios concretos que han consumido recientemente su evaluación es enormemente positiva, están satisfechos. Un 33% de la población cree que los empleados públicos son corruptos, pero apenas un 2% admite haber sufrido en algún momento un caso de corrupción, la mitad de lo que ocurre en Alemania. La sociedad está crispada, enfadada.
-¿Se respetan los procesos para llegar a los cargos?
-La Administración pública tiene una mala práctica de cultura política, ya que todos los puestos de elevado nivel de los funcionarios, son puestos de libre designación. No es que sea una mala idea, ya que es importante que exista una complicidad entre el poder político y el poder profesional, tienen que entenderse, por lo que si dos personas no se llevan bien, el que cambiará es el funcionario, ya que el otro ha sido elegido democráticamente. Ahora bien, eso debería implicar casos muy excepcionales, es decir, cuando cambia un gobierno y comienza una nueva legislatura, debería cambiar apenas un 10% de los altos funcionarios. Pero está instalada una mala práctica, ya que esos puestos están tomados como puestos de confianza: "los ocupa quien a mi me da la gana". Eso es una gran equivocación. Habría que preguntarse antes de cesarlos si conocen su trabajo, si son profesionales, y si han sido políticamente neutrales. Si es así, deberían seguir hasta que haya una causa justificada para su cese. Debería ser algo excepcional, son puestos de no desconfianza, no de amiguismo.
