El exdirector general de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz, ha solicitado el sobreseimiento de la investigación dirigida contra él dentro del "caso Musel", al considerar que ha prescrito el delito tributario por las supuestas contraprestaciones en especie que habría recibido la cementera de la UTE Dique Torres, a cambio de permitir a esta última la extracción de piedra de su cantera de Perecil y el desmonte del Alto de Aboño para la obra de ampliación de El Musel. La cementera niega además que se haya beneficiado de esos trabajos de la UTE en sus terrenos y sostiene que el precio del cemento para la gran obra fue más barato que el que cobró a la mayoría de sus clientes en las mismas fechas. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular promovieron la investigación a la cementera en el "caso Musel".
El Abogado del Estado formuló denuncia el 14 de julio de 2015, después de que el exgerente de la UTE Dique Torres Juan Miguel Pérez Rodríguez negara, en contra de lo que sostiene el informe de la OLAF, que la UTE sólo pago algo más de 7 millones de euros a Tudela Veguín por la piedra extraída de sus canteras. Juan Miguel Pérez señaló que Dique Torres incurrió en unos 80 millones de euros de costes de explotación y traslado al Puerto en las canteras de Tudela Veguín y que también le pagó a la cementera otros 70 millones de euros por el cemento que le suministró.
La Abogacía del Estado entiende que hubo supuestas contraprestaciones por Dique Torres a Tudela Veguín sin facturar, lo que implicaría infracciones en el impuesto de sociedades y el IVA de 2009.
La tardanza de los tribunales en aceptar la denuncia formulada por la Abogacía del Estado por el supuesto delito fiscal, además de la ausencia de inspecciones de la Agencia Tributaria a Tudela Veguín sobre los impuestos de 2009, son los principales argumentos del exdirectivo de la cementera para pedir el sobreseimiento de la causa por ese delito.
En su escrito recalca que la propia Abogacía del Estado advirtió cuando formuló la denuncia de el supuesto delito tributario prescribía el 25 de julio de 2015. El juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, que instruye el "caso Musel", rechazó la denuncia el 30 de septiembre de aquel año, decisión que revocó la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el 20 de mayo de 2016.
El escrito del directivo del grupo Masaveu recalca que el artículo 132 del Código Penal establece un plazo de seis meses para que se dicte una resolución judicial motivada que admita la denuncia, para considerar que se ha interrumpido el plazo de prescripción. En este caso, la fecha límite era el 14 de enero de 2016 y la resolución de la sala de lo penal no se produjo hasta mayo de ese año, según la defensa de José Antonio Muñiz.
El escrito agrega que la denuncia se basó sólo en las manifestaciones de otro imputado mal interpretadas por las acusaciones, sin que haya habido ningún procedimiento inspector "por parte de la Agencia Tributaria ni de nadie".
El abogado de Muñiz niega que la cementera se haya beneficiado de las labores de Dique Torres en sus terrenos, sino que los costes en los que incurrió la UTE fueron los necesarios para explotar las canteras y transportar el material a la obra, además de la obligación de "dejar indemne a Tudela Veguín", reponiendo los servicios afectados por las obra (un depósito de agua y lineas eléctricas) y reparando los daños ocasionados en carreteras o por la propia explotación de las canteras. En cuanto a la explanación de Peña María, Tudela Veguín sostiene que no se benefició de esa actuación, sino que esa obra "fue idea de la Autoridad Portuaria" para ampliar "la zona de servicio del Puerto" y obtener materiales para la ampliación. La defensa no hace referencia a la ampliación de las instalaciones fabriles que Tudela Veguín ha realizado en ese terreno allanado, algo que han venido denunciando las acusaciones.
El escrito añade que Muñiz declaró como imputado a petición del fiscal, que en un informe del 17 de mayo de 2016 "sólo le imputaba" un supuesto delito de fraude por la venta de cemento a Dique Torres a precio superior al del mercado, en base a las actas del comité de gerencia de la UTE.
Para combatir esa segunda acusación a su exdirectivo, Tudela Veguín encargó un informe a la consultora Deloitte, quien tras realizar un muestreo aleatorio de facturas de la cementera, concluyó que los precios de venta del cemento a Dique Torres fueron de los más bajos de entre los cerca de 200 clientes a los que en esos años suministró la compañía, con precios de entre 10 y 15 euros por tonelada inferiores a la media de los que facturó. La defensa recalca que no hubo connivencia de Tudela Veguín ni con la UTE, con la que negoció duramente, ni con el Puerto y que la OLAF no apreció irregularidades con el cemento.
