A los 46,5 millones de euros de multa que la Unión Europea ha impuesto a España por incumplir la normativa comunitaria de saneamiento de aguas en 17 ciudades, incluida Gijón, se sumará otra multa de 19.000 euros diarios a partir de mediados de 2018 si la ciudad sigue sin contar con una depuradora en servicio para su zona este.
Esa es una de las cuestiones de las que informó el jefe de unidad de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ion Codescu, al concejal de Xixón Sí Puede, David Alonso, en la reunión que mantuvieron el pasado jueves en Bruselas junto con otros representantes de Podemos y técnicos de la Comisión Europea.
Los técnicos comunitarios informaron al concejal de que Gijón es la única ciudad de su tamaño en Europa que cuenta con una infraestructura de saneamiento totalmente construida y financiada en un 80% con fondos comunitarios, la depuradora de El Pisón, y que no está en funcionamiento. Eso supone que se siguen vertiendo al mar sin tratar las aguas residuales de 150.000 habitantes equivalentes.
La depuradora del este no ha llegado a entrar nunca en funcionamiento tras la victoria judicial de los vecinos de El Pisón -muy beligerantes desde el inicio contra la instalación planteada- en el pleito que promovieron contra su ubicación al lado de sus chalés.
Los vecinos lograron en 2016 -tras siete años de batalla judicial contra el Estado, con la obra de construcción de la depuradora ejecutada en un 90% y con una inversión de 36 millones de euros- que el Tribunal Supremo avalase la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la instalación.
Preguntados por el edil de Xixón Sí Puede, los representantes comunitarios indicaron que llegado el caso pedirán responsabilidades por los fondos europeos invertidos en una instalación que no puede entrar en servicio por problemas legales. Sobre este aspecto, Codescu remitió a la delegación asturiana de Podemos a ponerse en contacto con la DG Regio (dirección general de política regional de la Comisión Europea) que es la que se encarga de supervisar el cumplimiento en el uso de los fondos comunitarios.
Ion Codescu también les indicó que España es junto a Portugal e Italia uno de los países que tiene peores niveles de depuración de sus aguas, tanto en ciudades medianas y grandes como en núcleos inferiores a los 15.000 habitantes y en el entorno de espacios naturales protegidos. Como ejemplo de buen hacer, les puso a otros socios europeos como Estonia, Austria y Países Bajos, donde se depura más del 80% de las aguas residuales.
