"No tiramos la toalla. Hay un acuerdo plenario y les exigimos que lo cumplan". Quienes exigen son las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y lo que exigen es que el Ayuntamiento de Gijón ejecute la propuesta de remunicipalización del servicio que salió adelante en el salón de plenos el pasado mes de octubre gracias a la suma de los votos de Xixón Sí Puede y Foro. El tiempo pasa, la finalización del contrato con las actuales concesionarias se acerca al tramo final y las cerca de 200 trabajadoras que se podrían ver afectadas por el cambio de gestión no tienen nada claro aún.
El último movimiento municipal sobre el tema es el informe de Intervención desaconsejando la remunicipalización porque no cumple con el principio de mejora de la eficiencia de la gestión que impone la legislación. Según los datos económicos que maneja el Ayuntamiento el coste anual del servicio, que ahora mismo llega a unos 1.600 usuarios, pasaría de 3,4 a 7,1 millones al año. "Que sale más caro no se lo creen ni ellos. Hemos pedido ver el informe para desmontarlo", aseguran las trabajadoras, quienes dicen que si la remunicipalización se ha podido hacer en otras ciudades, también es factible en Gijón. "¿En toda España se ahorra con la gestión directa menos aquí? Pues si sale más barato con las empresas es que son responsables de nuestra precariedad y de la de los usuarios", explican.
Y otra reflexión que quieren dejar clara. "No vamos a ser funcionarios ni lo queremos. Hablamos de hacer una empresa municipal como Emulsa, Emtusa o la EMA. No venimos a quitar el trabajo a nadie", puntualizan. Entienden las trabajadoras que no hay impedimento para ser subrogadas de sus actuales empresas a una empresa municipal.
Pero la remunicipalización gijonesa no es el único frente que tiene abierto este colectivo, algunas de cuyas integrantes se han organizado en una plataforma al margen de sindicatos. La lucha compartida con otras compañeras de toda Asturias pasa porque el Principado ponga en marcha con urgencia un sistema para que puedan obtener su certificado de profesionalidad. Un requisito que necesitan para trabajar en cumplimiento de una normativa europea. En Asturias ya hubo un proceso de certificación en 2011 pero alrededor de 1.500 personas quedaron fuera. Una resolución de 2015 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales fija como fecha límite para obtener ese certificado el próximo 31 de diciembre.
Por ello, las trabajadoras asturianas se han movilizado y empezado una ronda de reuniones políticas a todos los niveles. Reivindican otra convocatoria como la de 2011 y dicen no a un sistema de habilitación que, entienden, limita sus posibilidades de trabajar fuera de Asturias, las coloca en una situación de discriminación sobre el personal de 2011 y "es gastar dinero público dos veces para lo mismo". El certificado de profesionalidad es una prioridad: "Sin él no podremos trabajar... ni en lo privado, ni en lo público".
