"Defectos de forma" en la moción de censura del Grupo
Los impulsores deben subsanar errores antes de iniciar la recogida de firmas Marina Viña se incorpora a la directiva
El sector de socios del Grupo Covadonga críticos con su directiva deberá retrasar la recogida de apoyos para el proceso de moción de censura que están planteando contra el presidente Antonio Corripio. La comisión electoral no ha aceptado la documentación que presentaron inicialmente para comenzar con el proceso por "defectos de forma" relativos a la información de los socios que están impulsando la moción. Ahora deben subsanar esos errores antes de que la comisión les facilite las hojas en las que podrán recolectar las firmas necesarias para continuar con la iniciativa.
En principio, se estima que no contarán con los documentos para recoger apoyos al menos hasta el próximo lunes. Necesitan en torno a 1.500 rúbricas de socios grupistas con derecho a voto para seguir adelante con la moción de censura.
Por otra parte, la directiva de Corripio, que ha vinculado su continuidad a que salgan adelante sus presupuestos en una asamblea convocada para el 2 de septiembre, anunció ayer la incorporación de una nueva integrante, Marina Viña. "Es socia del Grupo desde su nacimiento e hija de grupistas (su padre es Dioni Viña, fallecido periodista de LA NUEVA ESPAÑA)", destacan desde la directiva. Viña ocupa uno de los puestos vacantes tras la anterior salida de algunos integrantes del equipo de Corripio. En concreto, será vocal de la junta directiva. "Es aficionada a la natación y al ciclo indoor", destacan desde la entidad grupista. La junta directiva queda con 18 integrantes e Iván González pasa de ser vocal a vicepresidente.
Voto secreto
Además, en la asamblea del 2 de septiembre el voto será secreto y en urna, tal y como reclamaban algunos socios críticos como Felipe Aller Celemín. La directiva explica que se hará así porque "lo permiten los estatutos cuando es una asamblea con un punto único" y para que "se exprese el mayor número de socios posible" sobre su continuidad. Aller Celemín, por su parte, no se contenta y ahora reclama que "los interventores sean independientes".
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