Fue una promesa pero hasta ahí. Pese a la notable carga de trabajo que tramita anualmente el Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Gijón, el Principado ya les ha comunicado su decisión de no reforzar la plantilla. De esta forma da marcha atrás al anuncio emitido en el mes de septiembre del pasado año mediante el cual aseguró el nombramiento de dos nuevos funcionarios para así aligerar la carga de trabajo que tienen en este servicio que tramita 1.200 casos penales anuales y un centenar de procedimientos civiles.

El motivo ofrecido a los perjudicados desde la Dirección General de Justicia de Asturias es que la prórroga presupuestaria en que está sumido el Gobierno regional es lo que les ha impedido cumplir con lo prometido. No obstante, sí se han reiterado en su compromiso de pagar un complemento económico a los trabajadores actuales -cinco funcionarios y dos auxiliares- a partir del próximo mes de marzo.

Este pasó atrás del Principado ha motivado que los sindicatos STAJ, CC OO, Usipa-Saif y UGT den otro hacia adelante denunciando públicamente el incumplimiento anteriormente mencionado. "La situación ha llegado a un punto insostenible que ha obligado a los trabajadores a priorizar y cribar entre los más de 1.200 procedimientos que tramita el Juzgado de violencia, provocando un considerable retraso en otros procedimientos", señalan de forma conjunta.

En su denuncia y reproches al Principado ejemplifican la incidencia que tiene el desbordamiento de los funcionarios en el propio servicio público. "En numerosas ocasiones, la víctima de violencia debe acudir al Juzgado a las nueve de la mañana, permaneciendo allí hasta las cuatro de la tarde, y agravándose la situación al acudir la víctima con niños pequeños que los propios trabajadores cuidan mientras su madre está prestando declaración", describen los sindicatos.

Otro de los aspectos que resaltan es la escasez de medios materiales. Por un lado, los funcionarios carecen hasta de un espacio privado donde tomar las declaraciones a víctimas, testigos e investigados. Eso provoca, a ojos de los sindicatos, "una falta de privacidad e intimidad" que incumple lo establecido "en el artículo 22 del Estatuto de la víctima del delito". Peor aun, a tenor de la situación que vienen arrastrando en el Juzgado de Violencia de Gijón desde que en 2015 se ampliasen sus competencias, es que el personal allí destinado "con toda seguridad participará en el siguiente concurso de traslados, con el consiguiente perjuicio para el servicio público".