El abogado defensor del exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato, el letrado Viliulfo Díaz, ha presentado un recurso contra el auto de la jueza Carmen Lamela que sitúa a un paso del juicio oral a 24 imputados por las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación, entre ellos Díaz Rato, a quien imputa sendos delitos de supuesto fraude y supuesta prevaricación. Entre otros argumentos, el letrado sostiene sobre su defendido que "su labor se limitó a la de asesor y técnico", sin capacidad para tomar decisiones y limitándose a cumplir órdenes de quienes según él tenían capacidad para tomar las decisiones, aunque la decisión del exdirector portuario fuera contraria a las mismas.
Las supuestas irregularidades en la licitación, contratación, ejecución de la obra y la modificación del proyecto (los sobrecostes), así como en la expropiación del Alto de Aboño, han sido el objeto de la investigación judicial. El letrado de Díaz Rato cuestiona que haya irregularidades de tipo penal en todo este asunto y además que la actuación de su defendido fue impecable desde el punto de vista profesional.
Así, sobre el modificado del proyecto, Viliulfo Díaz señala que Díaz Rato "se limitó a aquietarse con las instrucciones recibidas por quienes tenían la capacidad de aprobarlos y buscar los fondos para que el Puerto pudiese hacer frente" a los sobrecostes, apuntando directamente en ese sentido al exsecretario de Estado de Fomento, Fernando Palao y al expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, ambos también imputados en la causa. El letrado insiste en que "Díaz Rato no era favorable a la tramitación del modificado y sólo lo realizó siguiendo instrucciones".
Díaz recuerda que en 2006 se celebraron dos reuniones de alto nivel, con directivos de las empresas constructoras, en el Ministerio de Fomento convocadas por Fernando Palao, como resultado de las cuales "desde Puertos del Estado" se consideró que lo más conveniente era comenzar a pagar precios nuevos a la UTE Dique Torres por la piedra que tenían que traer de canteras distintas a las previstas en el proyecto inicial. Esos precios se comenzaron a pagar en abril de 2006 pero el modificado del proyecto no se aprobó técnicamente hasta diciembre de 2007.
Según el recurso de Díaz Rato, "tanto Puertos del Estado como el Secretario de Estado se comprometieron a conseguir más fondos europeos para su financiación", ya que el Puerto carecía de recursos para afrontar los sobrecostes, resaltando que su financiación se preveía entonces que fuera con subvenciones europeas que tramitaba el Ministerio de Fomento por lo que "si el secretario de Estado de Transporte, en aquel momento Fernando Palao, no estaba también comprometido, el modificado no se podía ni siquiera proponer".
Viliulfo Díaz recordó en el recurso que "fue mi representado, como integrante del equipo de dirección de la obra, quien puso reparos a aceptar la modificación técnico del proyecto que desde el inicio de las obras pretendió el contratista" y que era según la defensa un modificado distinto al que finalmente se pactó, dado que Dique Torres había pretendido al inicio de la obra construir todo el dique de abrigo con cajones verticales, en vez de hacer una parte en talud.
Respecto al modificado que finalmente se aprobó en 2007 y al alza de los precios año y medio antes, Díaz Rato "siempre mantuvo un criterio opuesto a la tramitación y aprobación de un aumento de los precios contemplados en el proyecto inicial", aquietándose finalmente a una decisión que atribuye a los responsables de Madrid.
El argumento del abogado defensor de Díaz Rato se extiende también a la elección del proyecto constructivo de El Musel, que también atribuye a Fernando Palao, quien en 2004 era presidente de la Autoridad Portuaria, una elección que se tomó con la discrepancia al respecto de Díaz Rato.
El recurso cuestiona los argumentos dados por la jueza para seguir adelante con la causa, reprochándole en palabras de Viliulfo Díaz que hiciera un "corta y pega" del último informe del Fiscal Anticorrupción "incluyendo todos sus errores sin comprobación alguna".
Además de considerar que la acusación yerra, el letrado de Díaz Rato también se apoya en los ocho informes elaborados por la Abogacía del Estado sobre la obra y alude a las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del Puerto del que Díaz Rato "siguió instrucciones".
