El secretario de estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que la puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Pisón, parada judicialmente desde hace años por los vecinos de la colonia, "no menoscabará los derechos jurídicos de nadie". Para ello, es necesario finalizar la tramitación ambiental "que es obligatoria" y que actualmente se encuentra en la fase de estudio de las alegaciones presentadas -21 en total, la mayoría rubricadas por vecinos de El Pisón-. Eso sí, Morán prometió ayer que, una vez se finalice este procedimiento, "no se aplazará ni un día más la toma de decisiones", confiando en que pueda entrar en funcionamiento en 2019.

Morán aseguró que la voluntad de Ayuntamiento y Ministerio es "llegar a una solución lo más ágil posible" pero, sobre todo, "una decisión definitiva, no sometida a los vaivenes judiciales en la que se ha visto envuelta".

Precisamente por ello, Morán explicó que "no vamos a interferir en absoluto en el procedimiento administrativo correspondiente a la tramitación ambiental", siempre y cuando "se cumpla estrictamente con los calendarios que marca el procedimiento".

El secretario de estado de Medio Ambiente afeó que "algunos ya están diciendo que van a recurrir cuando ni yo ni la Ministra sabemos cuál va a ser la solución ambientalmente definitiva". No obstante, Morán mandó un mensaje de tranquilidad al asegurar que "nadie verá menoscabados sus derechos" por la puesta en marcha de la instalación.

Morán compareció ayer en el Congreso para valorar la multa europea impuesta a España por verter residuos al mar, que asciende a 12 millones de euros y otros 10,9 por cada semestre de retraso. Gijón es uno de los puntos negros por la falta de depuración en la zona Este al estar parada la EDAR de El Pisón. Y Morán anunció que el gobierno repercutirá sobre las administraciones públicas incumplidoras la millonaria multa. La situación de la depuración es, a juicio de Morán, "inadmisible y desastrosa" y que "erosiona la credibilidad del país, resta recursos y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas".