La inoperancia de la estación depuradora de aguas residuales de la zona Este de la ciudad, situada en la colonia de El Pisón, es responsable de 1,58 millones de euros de los casi 23 con los que la Unión Europea multó a España por la falta de depuración de sus aguas -12 millones por incumplir una sentencia de 2011 y 10,9 más por cada semestre que no se cumpla lo exigido en la normativa-.
Así lo explicó ayer el teniente de Alcalde de la ciudad, el forista Fernando Couto, citando una comunicación directa y por escrito con el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán. Precisamente en ese documento, remitido por la Secretaría de Estado al Consistorio gijonés el pasado martes, Morán aseguró que "no se manejó nunca la hipótesis de que Gijón tuviera que pagar ninguna parte de la sanción", como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.
Así, el secretario de Estado informó de que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública está elaborando el acuerdo del Consejo de Ministros para la incoación del procedimiento de determinación y repercusión de administraciones responsables, en consonancia con lo prevenido en el Real Decreto 515 del 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimientos de derecho de la Unión Europea.
No obstante, en el caso concreto de la estación depuradora de El Pisón, "el acuerdo señala que la responsabilidad es del Estado al existir una declaración de interés general y un convenio para llevar a cabo, además, la ejecución de la EDAR por parte del Ministerio".
Por ello, aseveró Morán "la repercusión de la multa y las futuras multas coercitivas que afecten a la estación depuradora recaerán sobre el Estado".
Así, esos 1,58 millones de euros que estiman desde el ministerio de Transición Ecológica -del que depende la secretaría de Estado de Morán- que corresponden a la falta de actividad de la depuradora del Este de Gijón, "han de ser satisfechos íntegramente por el Estado". Unas situación que Couto zanjó asegurando que "corresponde al Estado cualquier responsabilidad en la sanción de la Unión Europea en cuestión de la EDAR del Este", confiando así "haber aclarado cualquier alarma que haya podido surgir". En suma: "Gijón queda eximido de cualquier responsabilidad en las posibles multas de la Unión Europea a España".
La estación depuradora de la zona Este, construida por el gobierno central al estar declarada de interés general, lleva parada judicialmente desde antes incluso de que se finalizaran sus obras, cuando los vecinos de la colonia de El Pisón impugnaron el estudio ambiental realizado al entender que no estaba suficientemente motivada la decisión sobre su ubicación. Con la estación prácticamente terminada, en el año 2016 el Tribunal Supremo dio la razón a los vecinos y ordenó un nuevo estudio. En agosto, la Audiencia Nacional autorizó la puesta en marcha de los sistemas de pretratamiento de las aguas: desengrasado y desarenado que no evitan en su práctica totalidad que Gijón esté enviando al mar, sin depurar, los residuos fecales de la mitad de la ciudad (150.000 habitantes equivalentes), convirtiéndose en el mayor punto negro de saneamiento de España.
