La Liga Nacional de Fútbol Profesional (La Liga) ha dado un paso hacia adelante en su papel como acusación popular y solicitara penas de cárcel comprendidas entre los tres años y medio de cárcel y los nueve años de prisión para los quince seguidores del Real Sporting que terminaron detenidos tras los disturbios contra la policía en los prolegómenos del derbi regional frente al Real Oviedo en septiembre de 2017. Unas peticiones privativas de libertad muy superiores a las hechas públicas por la Fiscalía hace unas semanas en las que el máximo solicitado para uno de los implicados era de siete años y medio de cárcel. Además, los 10 años de expulsión de El Molinón que interesa el ministerio fiscal para todos ellos, La Liga lo hace extensible a cualquier estadio de fútbol del país.
El relato de hechos presentado por los abogados de La Liga, que ejercen la acusación popular en esta causa, es muy similar al de la Fiscalía, pues ambos se amparan en los informes policiales aportados a la causa. Ambos escrito señalan que los disturbios comenzaron al quedar bloqueado el autobús que transportaba a jugadores y cuerpo técnico del Real Sporting por la avenida de El Molinón debido a la presencia de unas dos mil personas, entre las que se encontraban todos los investigados. Con el fin de facilitar el paso de autobús, se personaron en el lugar varias dotaciones de la Policía Nacional. A su llegada, sostienen los escritos de acusación, "los investigados y otros seguidores" comenzaron a lanzar "botellas de cristal, sillas, vallas, bengalas, piedras, contenedores del servicio de basuras y otros objetos".
Fruto de estos ataques, prosigue el relato de hechos de La Liga, resultaron heridos de diversa consideración hasta doce agentes de la Policía Nacional "como acreditan los informes médico forenses". La investigación policial permitió identificar a los autores de cada agresión a los policías, de hecho, en el escrito viene detallado que procesado agredió a cada agente esa tarde previa al derbi. Las heridas sufridas fueron contusiones, esguinces, quemaduras y fracturas en distintas partes del cuerpo que les mantuvieron de baja distintos días. Varios de ellos ejercerán la acusación particular en el procedimiento judicial, que está pendiente de fecha para la celebración de la vista oral.
Los quince procesados son asturianos -salvo dos de ellos, de Madrid y Toledo- y tienen edades comprendidas entre los 20 y 40 años de edad. Algunos cuentan con antecedentes. Ahora, están acusados todos ellos de un delito de desórdenes públicos por el que afrontan tres años y medio de cárcel. A partir de ahí, las penas a las que harán frente difieren, pues no todos están acusados por los mismos delitos ni tampoco Fiscalía y La Liga coinciden en los años de cárcel solicitados.
Atentado a la autoridad
¿En qué difieren estas dos acusaciones? La mayor diferencia entre una y otra calificación provisional está en la interpretación del delito de atentado a agente de la autoridad. El fiscal del caso, por su parte, solicita un año y medio de cárcel para cada uno de los quince al amparo del artículo 550 del Código Penal, que habla del delito de atentado.
La Liga, en cambio, apuesta por el tipo agravado, en base al artículo 551 y eleva hasta los cuatro años de cárcel sus pretensiones. Ese artículo 551 constituye un tipo agravado del delito de atentado a agente de la autoridad, en el que están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables (...)" como estiman los abogados de La Liga en este caso en relación al lanzamiento de objetos. De una y otra versión de este delito responden doce de los quince procesados.
La Liga y Fiscalía sí coinciden en los delitos de lesiones (seis meses de cárcel por el que están acusados solo cinco de ellos) pero no en las cuantías de las multas por los delitos leves de lesiones. El fiscal pide 1.200 euros de multa para seis de ellos mientras que La Liga solicita el pago e 3.000 euros a cuatro de ellos y otros 4.500 euros a un quinto acusado, que tiene antecedentes.
En concepto de responsabilidad civil, La Liga se reserva el derecho a emprender acciones posteriores a la resolución del presente procedimiento, mientras que la cuantía pretendida por la Fiscalía ascendía hasta los 22.710 euros.
La última diferencia entre ambos está en las medidas relacionadas con los espectáculos deportivos. Fiscalía solicita diez años de prohibición para acceder a El Molinón, mientras que La Liga va más allá y propone la prohibición de acudir y acceder a cualquier estadio de fútbol del territorio nacional durante una década.
