El caso del operario de Emulsa asignado a la limpieza de colegios que tuvo que ser reasignado a otras tareas al descubrirse que fue condenado por varias violaciones -tenía 29 años cuando fue condenado- ha despertado la reflexión de diferentes colectivos de mujeres y abogadas de la ciudad. Todas coinciden en la necesidad de elevar hasta los treinta años el tiempo de cancelación de antecedentes por delitos de esta índole después de que este gijonés presentase un expediente limpio de antecedentes penales -toda persona puede cancelar una vez pasados los diez años tras cumplir condena- para poder trabajar en la limpieza de colegios. "Debería ser como con los delincuentes sexuales que abusan de menores, que existe un registro de antecedentes desde 2015 con vigencia de hasta treinta años", valora Ana María González, letrada del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym), la misma asociación que ejerció la acusación particular contra este individuo en 1990. "En delitos de este tipo debería quedar una reseña en cada expediente", aporta Mariti Pereira, presidenta de Cavasym.
Las medidas en favor de las víctimas, sostienen, han ido aumentando con el paso de los años, en los que se han ido aplicando diversas directices europeas. Ahora hay medidas de libertad vigilada, se notifica a las víctimas, hay prohibiciones de vivir en la misma comunidad autónoma, entre otras. "Ahora tenemos un abanico que entonces no existía, pero los derechos de las víctimas van avanzando y debería aplicarse el mismo criterio con los antecedentes por agresiones y abusos a mujeres que como ahora con los menores, de 30 años", reflexiona Ana María González.
Las violaciones cometidas por este individuo se sucedieron entre el 17 de abril de 1985 y el 3 de agosto de 1988, cinco meses antes de acabar detenido. Su "modus operandi" consistía en preguntar a las mujeres por una dirección o recoger a aquellas que hicieran autostop y se ofrecía a llevarlas. Luego, en un lugar apartado, las amenazaba con una navaja y las cacheaba con la excusa de buscar drogas -en ocasiones usó una placa falsa de policía- antes de obligarlas a desnudarse y mantener relaciones sexuales.
Este hombre, pese a negar finalmente en el juicio todos los cargos, fue condenado a 17 años y cuatro meses de cárcel por cada una de las siete violaciones demostradas y a cuatro años y dos meses de prisión por cada uno de los cinco delitos de abusos deshonestos que se pudieron probar en el juicio. En total le impusieron 142 años de cárcel por 12 ataques que finalmente quedaron demostrados. Una condena "por pertenecer las agresiones juzgadas a la especie más brutal y degradante", falló el tribunal.
Ya el nombre de los delitos cometidos deja claro que fue juzgado en base al Código Penal de 1973, que estuvo vigente hasta el último gobierno de Felipe González, cuando se reformó en 1995 con Juan Alberto Belloch Julbe de ministro de Justicia. Esas reglas del juego vigentes desde el franquismo establecían que, en caso de varios delitos, el reo debería cumplir como máximo el triple de la pena máxima impuesta, es decir, unos 51 años de prisión. Pero había más ventajas.
Buen comportamiento
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, conforme al Código Penal del momento, todo el tiempo que el procesado pasase en prisión preventiva contaba el doble y luego se restaba a los años de condena. En este caso, ingresó en prisión -primero en la cárcel de El Coto y luego en la de Asturias- tras ser detenido, el 16 de enero de 1989, y no fue hasta diciembre de 1991 cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia contra él. Ahí logró la primera rebaja.
También había que tener en cuenta que con el marco jurídico reinante se preveía la redención de la pena por los trabajos realizados en la cárcel, que implicaba que, por cada dos días de reclusión, si el preso realizaba trabajos, se le computaban tres días de cárcel. Incluso el buen comportamiento permitía reducir las condenas impuestas. "Todos los agresores sexuales tienen buen comportamiento en la cárcel porque allí no hay mujeres", reflexiona ante esta circunstancia Mariti Pereira, presidenta de Cavaysm. Por todo ello, finalmente, logró salir de prisión tras once años entre rejas.
En 2001 ya había cumplido con la justicia y comenzó una nueva vida. Siguió instalado en Gijón, donde desempeñó varios oficios, incluido el de taxista, lo que generó controversia en la ciudad. Estuvo solo un año al volante, hasta marzo de 2019. Por esa época ya comenzó a presentarse a las bolsas de empleo de la empresa municipal de limpieza. Tres veces ha sido seleccionado desde entonces por sorteo y otra por examen. Ahora sigue cumpliendo, sin tacha, su cometido desde que se le trasladase de área para evitar polémicas con los padres que alertaron de su historial al verle limpiando en un colegio de Ceares.
