Los primeros pasos en la medicina privada de la doctora Carmen Moriyón se han transformado en un dolor de muelas judicial desde que llegó a la Alcaldía de Gijón, hace ocho años. En ese tiempo, la Alcaldesa ha tenido que afrontar seis denuncias relativas al Instituto de Patología Mamaria Covadonga, del que Moriyón fue su directora médica, denuncias de las cuales dos siguen coleando. Otra más fue retirada por los denunciantes y las tres restantes han sido desestimadas por los tribunales.
El último paso por el Palacio de Justicia de la Alcaldesa tuvo lugar el pasado martes, cuando se celebró el juicio en el que dos de sus antiguos socios en el Instituto Covadonga le reclaman que pague cerca de medio millón de euros a la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores. Se trata de un pleito mercantil en el que los principales acreedores del Instituto de Patología Mamaria piden al titular del juzgado de lo mercantil de Gijón que declare que Moriyón era la administradora real de la empresa quebrada, aunque no figurara en los papeles como tal.
Esos acreedores son el notario jubilado Ángel Torres y el expresidente del Lions Club de Gijón, Luis Fernández. El primero tuvo que desembolsar 300.000 euros cuando le ejecutaron el aval que prestó para la compra de un mamógrafo digital por el Instituto Covadonga. El segundo ha perdido otros 90.000 euros.
El enfrentamiento en los tribunales de Moriyón con estos y con otros dos socios se produjo a raíz de que la doctora cambiara la consulta para otro hospital privado entrando en el listado de médicos de una compañía aseguradora. Según sus antiguos socios lo hizo después de haber participado en las negociaciones para vender a esa aseguradora el Instituto Covadonga, negociaciones que acabaron yéndose al traste como la empresa. Los socios le atribuyen ese resultado a Moriyón, que se llevó los historiales clínicos a su nueva consulta. La Alcaldesa en el juicio del martes habló de "desastre" y "caos" en la gestión de la sociedad, de la que se desvinculó. Ella era la única médica de los cinco socios de la empresa, si bien Moriyón sostiene que el documento privado en el que adquirió el 20% del Instituto Covadonga nunca llegó a tener efectividad por no haberse elevado a público, indicando además ante el juez que firmó sin haberlo leído ese documento en el que se comprometía a desembolsar 24.000 euros por las acciones.
En 2008 fue cuando se fundó el Instituto de Patología Mamaria Covadonga y en 2010 cuando Carmen Moriyón lo dejó, tras varios meses sin cobrar. Las denuncias comenzaron en 2011.
Las dos primeras denuncias fueron penales, interpuestas por Juan Bernardino García Peón y Ángel Fernández Álvarez, empresarios de la construcción que figuran como los administradores del Instituto Covadonga. Ambas fueron desestimadas. En 2012 volvieron a intentarlo por la vía civil, demandando a Moriyón por daños y perjuicios, pero el juez desestimó la demanda y además ordenó que la empresa le abonara a Moriyón los salarios que no cobró.
Tres años más tarde, en 2015, fueron Ángel Torres y Luis Fernández quienes interpusieron otra demanda civil, si bien la acabaron retirando para optar por instar el concurso necesario de acreedores del Instituto Covadonga y plantear que se declare a Moriyón como administradora de hecho de la sociedad y responsable de haber agravado su situación económica.
Aquel mismo año la Alcaldesa volvió a los juzgados por una cuestión derivada del conflicto del Instituto Covadonga, pero esta vez era ella la que había denunciado al notario por faltarle al respeto en un acto público. El juez le dio la razón y multó a Ángel Torres. El notario jubilado lleva mal todo lo acontecido y en la vista celebrada el pasado martes acabó saliéndose de la misma al poco de comenzar, al sentirse indispuesto.
El concurso de acreedores del Instituto Covadonga se instó en 2016 y en 2017 se promovió el incidente concursal por el que se reclama que se declare a Moriyón administradora de hecho y que resarza con 491.000 euros a la empresa en quiebra. El juicio se celebró a la tercera, después de haber quedado suspendido por dos veces. La primera de ellas fue a petición un perito designado por el juzgado, que pidió tiempo para presentar su informe. La segunda vez se suspendió al haberse interpuesto una querella penal contra Moriyón.
Esa querella por una supuesta estafa procesal fue interpuesta por uno de los administradores legales del Instituto Covadonga, que sostienen que Moriyón engañó al juez en el pleito civil que se sustanció en 2012. Esa querella ha sido archivada por el juzgado de instrucción número 1 de Gijón, pero este asunto aún no está cerrado, ya que se ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial.
En ese recuso probablemente se va a aportar ahora a la Audiencia Provincial el vídeo de la vista que se celebró el martes en el juzgado de lo mercantil, al considerar que cuestiones que allí se manifestaron supuestamente contradicen los motivos por los que se desestimó la demanda civil de 2012.
