El nuevo Plan General de Ordenación de Gijón, cuya aprobación definitiva tuvo lugar en el Pleno del pasado 30 de enero y que entró en vigor tras su publicación en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) del 14 de febrero, ya transita por salas y pasillos de los juzgados. Una realidad casi inevitable por mucha voluntad municipal de sacar adelante el documento con el mayor acuerdo político y social posible y tras un amplio proceso de participación ciudadana. Y una realidad que trae al presente los temores de un pasado urbanístico local marcado por dos anulaciones consecutivas de planeamientos urbanísticos que colocaron al Gijón del siglo XXI con una regulación de 1999. Acabar con esa anomalía y dar seguridad jurídica al sector eran los objetivos principales de un PGO aprobado con los votos de Foro, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos.
El pasado dia 15 se cumplieron los dos meses de plazo para tramitar recursos por la vía contencioso-administrativa contra el documento de revisión del PGO y el estudio ambiental estratégico. Al ser la aprobación definitiva del Pleno una disposición administrativa general no cabía recurso de reposición contra ella y la única opción para quien no estuviera de acuerdo era un recurso ante la sala de los contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El Ayuntamiento no tiene datos concretos sobre el número de recursos presentados y no calcula tenerlos hasta el último trimestre del año. Los responsables jurídicos recuerdan que, al margen de esos dos meses que se marcaban en la publicación del BOPA hay que tener en cuenta que el plazo de presentación de recursos también depende de las fechas de la notificación de contestación de alegaciones o de su publicación por edicto en los casos en los que no haya sido posible efectuar la notificación pormenorizada. Además, el contenido de los recursos no se conoce hasta que se presentan las correspondientes demandas, que redacta el recurrente una vez su recurso haya sido admitido y el Tribunal le dé traslado de la documentación.
Estadística cerrada no hay pero recursos en marcha sí. El ejemplo se podía ver ayer mismo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con un aviso firmado por el secretario del Ayuntamiento de Gijón donde, en cumplimiento de una notificación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se anunciaba un recurso interpuesto por la sociedad Apartamentos El Bibio contra la resolución de 30 de enero del Pleno por si alguna administración se quisiera personar como codemandado en el proceso. Para tomar esa decisión hay un plazo de nueve días.
A la vía judicial también anunciaban que acudirían colectivos con cuentas pendientes con la política urbanística del Ayuntamiento y ciudadanos a título individual. Entre ellos destacan propietarios de suelo en la zona rural a los que no se atendieron sus alegaciones en favor de un cambio de calificación para poder construir en ese terreno. Con el juzgado amenazaron también hace meses vecinos de la Ería del Piles, cuyo plan especial había sido anulado por el TSJA y volvió a encontrar legalidad en el nuevo Plan General. Un dato: el nuevo PGO acumuló 2.689 alegaciones en sus dos periodos de información pública. Se estimaron, total o parcialmente, un 47,89%.
