Todas las empresas que tengan un expediente abierto por el Ayuntamiento de Gijón motivado por sus vertidos al río Piles han de presentar, antes del 15 de diciembre, un proyecto a la concejalía de Medio Ambiente detallando las actuaciones que van a llevar a cabo para corregir esas deficiencias. Así lo anunció ayer el concejal del ramo en el Consistorio gijonés, Aurelio Martín (IU), que confirmó que los informes sobre el río encargados por el Ayuntamiento están ya "prácticamente terminados" y que se presentarán en un consejo sectorial de Medio Ambiente que se celebrará el jueves 19 de diciembre.

El edil del equipo de gobierno enfatizó que entre los organismos afectados hay "empresas privadas y organismos públicos", sin detallar cuántos ni quiénes son, pero sí dejando claro que "el número de vertidos es importante". Deberá ser la Empresa Municipal de Aguas la que dé el visto bueno a esos proyectos, ya que es la que tiene la "capacidad técnica" para ello. El informe recogerá la relación de entidades afectadas, las deficiencias que tienen y las correcciones que han de realizar. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el recinto ferial Luis Adaro que, según confirmó Martín, "agradecemos su predisposición porque ya tienen un proyecto" ya que "son conscientes de que tienen un problema".

El concejal criticó que "en el río Piles, hace tiempo y por razones que desconozco, se dejaba hacer", con lo que "me sorprendió la dejadez que se acumuló en varios años y que hace que ahora la situación en el río sea totalmente inaceptable e inexplicable". Con todo, Martín aseguró que "nuestra voluntad es revertirlo: el informe traerá un diagnóstico, pero también un plan de actuaciones que afectará a entidades privadas y públicas, con un calendario de actuación", confirmando que la EMA ya está llevando a cabo acciones concretas que "revierten directamente en el río". Así, la idea es que "la mayor parte de actuaciones se hagan antes del verano que viene".

En cuanto al plan de movilidad, confirmó que en enero se firmará ya el convenio con la empresa pública barcelonesa que realizará el preceptivo informe de impacto ambiental.