El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la declaración de impacto ambiental de la depuradora de El Pisón, un paso clave para poder activar esta instalación que se va a encargar de depurar las aguas residuales de la cuenca este de Gijón, cuya falta de tratamiento está provocando que España pague una cuantiosa multa a la UE cada seis meses. La puesta en marcha no será inmediata, sino que falta completar la tramitación administrativa y ejecutar las últimas obras de una instalación que prácticamente está acabada. El gobierno local pide que se active lo antes posible, mientras que los vecinos de la colonia de chalés colindante ya han anunciado una batería de medidas legales para bloquearla.
Ante la publicación en el BOE de la declaración ambiental de la depuradora del este, el edil de medio ambiente del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Marín, señaló ayer que "esperemos que sea el trámite último y necesario para que la depuradora funcione. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que tiene Gijón, como es obvio, es que no puede seguir vertiendo la mitad de la ciudad al mar sin depurar". Para el concejal gijonés la depuradora es un elemento estratégico y un "objetivo de primer orden que la depuradora pudiera empezar a funcionar en el menor tiempo posible y esperemos que este sea el último trámite".
En la declaración ambiental, el Ministerio para la Transición Ecológica impone medidas de control más estrictas de las previstas por el promotor, para dar de paso esta instalación. Entre otras, el control de la calidad del agua que verterá al mar, mediciones periódicas de ruidos mañana tarde y noche y que en caso de quejas vecinales por olores se encargue un estudio de medición de los mismos basado en la normativa técnica española, tal como adelantó este diario.
El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, indicó ayer que "en el mismo día de hoy (por ayer), remitiré a nuestros peritos esta resolución al objeto de que la analicen y redacten un informe para combatirla" en los tribunales.
Los vecinos de El Pisón plantean varios frentes judiciales para intentar frenar la activación de la depuradora. Por un lado, en la Audiencia Nacional a donde acudirán alegando que la declaración de impacto ambiental "está dictada fraudulentamente" para legalizar la planta en lugar de cumplir la sentencia que anuló la anterior resolución, según el abogado. Además, han también han interpuesto un contencioso contra el periodo de información pública de la tramitación ambiental y anuncian un nuevo contencioso contra la propia declaración de impacto. También preparan demandas por la vía penal.
El abogado vecinal sostiene que la resolución "adolece de nulidad porque no se han contestado las alegaciones planteadas" y se aumentaron las alternativas planteadas respecto al periodo de consultas.
