El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Agua de Gijón (EMA) ha dado luz verde esta mañana al modificado del proyecto inicial de construcción del pozo de tormentas del parque de Hermanos Castro, que supone un incremento del presupuesto en 2,5 millones más y de otros once meses en el plazo de ejecución de las obras, qeu ahora terminaraán en septiembre del año qeu viene. La propuesta presentada porla dirección de la empresa, que preside el socialista Olmo Ron, ha salido adelante con los votos favor de la representación de PSOE, IU, UGT, CCOO y el movimiento vecinal. Vox votó en contra y se abstuvieron Foro, Podemos-Equo y Ciudadanos. El PP no participó. El sobrecoste se va a cambiar el sistema constructivo del tanque de aguas ya que informes posteriores a la adjudicación de la obra determinaron la posibilidad de deslizamientos de terreno que ponía en serio riesgo la obra pero también las viviendas del entorno.
No ha sido la única decisión, el consejo de adminsitración se ha comprometido también a requerir al Pleno del Ayuntamiento la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre este contrato donde "se resuelvan todas las dudas" y en "aras a trasladar toda la transparencia a la ciudadanía" de una obra que lleva acumulado retrasos, demoras y prolemas desde 2011.Una propuesta que puso sobre la mesa Ciudadanos y contó con el apoyo de los consejeros. En la EMA, además, se contratará una asistencia técnica específica con dedicación exclusiva a esta obra.
Este es el último capítulo de una historia llena de problemas
La necesidad de desarrollar un pozo de tormentas en el entorno de El Molinón estaba ya en el pensamiento municipal en los últimos años de la anterior etapa de gobierno del PSOE. Pero la historia administrativa del proceso que llega hasta nuestro días tiene como fecha el inicio el 29 de diciembre de 2011, ya con Foro en el gobierno. Ese día el consejo de administración de la EMA adjudica a Prointec el contrato para redactar el proyecto del pozo por 68.350 euros. De ese proyecto salió un contrato de obras de 7,9 millones al que se dio el visto en abril de 2013. En julio tenía lugar su licitación, que acabó con la adjudicación del trabajo a FCC por poco más de cinco millones de euros. Una baja del 36,5%. El contrato se firma el 28 de marzo de 2014.
Previamente a la firma del acta de replanteo la constructora encargó un estudio geológico a la consultora Inge. ¿Sus conclusiones? Que las condiciones del terreno eran muy distintas a las que se establecían en el proyecto constructivo y que, por tanto, la obra no se podía hacer como estaba previsto y con el presupuesto previsto. La magnitud de los cambios era de tal envergadura que no se podían incluir en un modificación del contrato inicial, según las condiciones de la normativa a aplicar en ese momento.
La Empresa de Aguas, a su vez, encargó una peritación y unos sondeos de contraste a la firma Terratec, cuyos resultados coincidieron con los de Inge. A estas alturas de la historia ya se estaba en enero de 2015. Un mes después se informó al consejo de administración y visto que no se daba con ninguna alternativa viable en septiembre de se decidió rescindir el contrato a FCC con una indemnización de 152.000 euros. El rifirrafe entre unos y otros siguió en los tribunales. La EMA presentó una demanda contra Prointec, de la que consiguió 138.000 euros.
Vuelta a empezar. En mayo de 2016, se aprueban los pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas para sacar a licitación la redacción del proyecto constructivo. El presupuesto se fijó en 67.320 euros. Cuatro meses después, y a propuesta del nuevo equipo directivo liderado por Vidal Gago, se decidía dar marcha atrás y reformular las condiciones con criterios diferentes y ampliando el precio a 88.665 euros. Surge una discusión paralela entre la Empresa de Aguas y FCC. La primera entiende que los estudios técnicos de Inge son de su propiedad y puede facilitarlos a los nuevos licitadores como una de las bases de su trabajo y la constructora reivindica que ella los hizo y los pagó sin que ese pago estuviera incluido en la rescisión del contrato. A llegar al acuerdo de que se podía usar ese estudio geotécnico se tardó hasta marzo de 2017.
A la licitación se presentaron nueva ofertas y gana la UTE formada por Getinsa y Aqua Consult, que se compromete a redactar el proyecto por 54.972 euros. Los trabajos se hicieron bajo la dirección del entonces gerente de la EMA, Vidal Gago, y el director técnico de la empresa, Pedro Menéndez, que es desde noviembre del año pasado quien ocupa la gerencia de la empresa municipal.
Las obras definidas fueron licitadas por 10,2 millones en julio de 2018 y adjudicadas a Acciona en octubre por 7,3: una rebaja del 28,29%. El acta de replanteo se firmó el 19 de diciembre con un plazo de ejecución de 22 meses. Ya desde las primeras semanas de 2019 la constructora, que hizo sus propios estudios, empezó a plantear dudas sobre la idoneidad de los métodos de excavación y la necesidad de hacer ajustes en algunos de los precios. En marzo hizo un estimación completa que suponía un incremento del 25%. Mientras esto se discutía seguían adelante las obras en los colectores de la zona y la avenida del Molinón estaba cerrada a cal y canto al tráfico. EMA buscó en la Universidad de Oviedo una opinión experta sobre la situación del terreno.
En julio, con el PSOE recién aterrizado en la Alcaldía, se gestiona en el consejo una modificación tanto de la obra del pozo de Hermanos Castro como de la del Arbeyal, que se hace de manera paralela en la otra punta de la ciudad. Es algo más de un millón de euros por cada pozo. Pero en Hermanos Castro solo iba a ser el primer modificado porque todos los estudios acaban por resolver que hacer la excavación del tanque a cielo abierto como estaba previsto podría generar problemas de deslizamiento que pusieran en riesgo la obra pero también las viviendas del entorno del parque.
Así que en febrero de 2020 se entiende que el cambio de sistema constructivo es inevitable para ejecutar la obra con todas las garantías. Solo faltaba definir el coste en tiempo y meses y su encaje en la normativa legal. Eso es lo que ahora mismo está sobre la mesa para que el consejo de administración le dé, o no, su aprobación. Serían 2,5 millones de euros más lo que dispararía el coste a 11 millones -por encima de todos los tipos de licitación previstos- y un año más de obras lo que llevaría su finalización a octubre de 2021. Como fecha más plausible. Una década entera mirando para un pozo sin fondo.
