Control de empresas de seguridad privada, inspección de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, seguimiento de los centros de formación para vigilantes de seguridad y verificación de los despachos de detectives son, grosso modo, las labores que deben atender en el grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Gijón, que al año realiza alrededor de los 300 controles para supervisar el cumplimiento de la legalidad vigente. “Supervisamos todos los establecimientos que están obligados por ley a contar con importantes medidas de seguridad, aquellos como entidades bancarias, centros de salud, casas de apuestas y loterías, estaciones de servicio, joyerías… Todos los locales que pueden tener un mayor riesgo de ser víctimas de un robo violento y que tienen que tener medidas de seguridad específicas”, explica el inspector Carlos González Tirador, jefe de una unidad que en la comisaría de El Natahoyo cuenta con otros tres agentes para realizar estas labores.
La labor de esta unidad policial, que pasa desapercibida muchas veces, se divide en dos vertientes. Por un lado, está la función administrativa, pues del Cuerpo Nacional de Policía depende todo lo relativo a la concesión de licencias y control de empresas privadas de seguridad y también de sus vigilantes. “Controlamos los procesos de selección, y damos los certificados de profesionalidad. Todo este personal se tiene que habilitar desde el Ministerio de Interior, canalizado a través de nosotros. Tiene una renovación cada equis tiempo, como el DNI, y un régimen sancionador; si se incumple una norma estamos para levantar un expediente”, describe González Tirador. Eso sí, “queremos que cumplan, pero también que colaboren”. “En Gijón hay alrededor de 100 vigilantes de seguridad privada, eso son 200 ojos mirando la ciudad que nos pueden dar múltiples informaciones, como así lo hacen. Hay una estrella colaboración con la Policía y eso siempre es bueno para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, reflexiona el agente.
La labor de estos vigilantes de seguridad, al que la Policía reconoce el mérito de haber estado “en primer línea” durante el primer estado de alarma por la pandemia (en toda España fallecieron una veintena de profesionales por su exposición al virus ), se desarrolla en centros concretos en los que la ley exige un mayor control. “Están en grandes empresas, como El Musel o firmas siderúrgicas, pero también en establecimientos públicos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria”, explica González Tirador. También aparecen en centros comerciales o centros sanitarios. El jefe de unidad, de hecho, es también el interlocutor policial sanitario, que fiscaliza las medidas de seguridad en los centros médicos. “Damos charlas formativas a los sanitarios de cómo actuar en caso de agresión, porque muchos centros solo tienen seguridad privada en determinadas franjas horarias”, desvela.
Otro de los puntos a examinar por esta unidad es el de control de explosivos, y hasta hace poco también la supervisión de los guardaespaldas, pero con la desaparición de ETA “se ha reducido el número”. A eso se suma la vigilancia de cajas fuertes, barreras o cristales. También sistemas electrónicos de seguridad.
“En Gijón hay alrededor de 100 vigilantes de seguridad privada, eso son 200 ojos mirando la ciudad que nos pueden dar múltiples informaciones, como así lo hacen"
En lo relativo a dispositivos de alarma, perciben un incremento del número de dispositivos. “Ha habido un incremento en la contratación de alarmas, creo que porque los costes han bajado. Eso también nos viene bien, porque todo lo que sea poner dificultades al ladrón está bien”, reconoce González Tirador, que explica que existen las alarmas conectadas al móvil del cliente, a las que no tienen acceso directo, y las vinculadas a empresas de seguridad, que tienen también que habilitarse, y que remiten el aviso a la Policía. Estas últimas requieren mayor control. “Tenemos que supervisar que no exista un mal uso, que el cliente no se exceda. Por ejemplo, si un hostelero ve que un cliente no va a pagar la consumición no debe pulsar el botón, porque eso implica un operativo especial al pensar que se está produciendo un robo con violencia”, aconseja. Es más, advierte, “si se hiciese un mal uso de las alarmas se podría llegar a proponer para sanción a esa persona”.
No obstante, no son muchas las sanciones anuales. De las 300 inspecciones que realizan para velar por el buen funcionamiento, tanto de alarmas como de personal de seguridad privada, apenas alcanzan la treintena de sanciones. “La gente cumple, eso es cierto”, confirma González Tirador. Y si no, para eso están en la unidad.
