El gijonés José Antonio L. Ll., condenado a 18 años de cárcel por el veredicto de un jurado popular y absuelto luego por instancias superiores del crimen del hostelero y propietario de la cervecería Carvi, Juan Carlos Roces, hace más de una década, ha logrado por fin que le indemnicen por los casi tres años que pasó en prisión acusado injustamente de este asesinato que conmocionó a toda la ciudad y que a día de hoy sigue sin resolverse. La Audiencia Nacional reconoce ahora los daños morales sufridos durante todo el proceso y le concede 9.000 euros. “Es una cantidad mínima, casi ridícula, pero al menos reconocen que merece una indemnización por todo lo que pasó”, señala Ana Gloria Rodríguez, abogada del hombre.
El crimen de Juan Carlos Roces, que tenía 45 años, sacudió al ocio nocturno de gijonés cuando su cadáver apareció en el interior de la cervecería Carvi, en el número 51 de la calle Ezcurdia, en el barrio de La Arena (por aquel entonces epicentro de la “movida”), con evidentes signos de violencia. El cuerpo presentaba 18 puñaladas, dos de ellas mortales en el cuello y la yugular. Era el jueves 4 de marzo de 2010 y comenzó entonces la pertinente investigación para esclarecer el suceso.
Uno de los nombres con los que trabajaban los agentes, porque había estado con el fallecido el día del crimen, José Antonio L. Ll., se había ido a Tenerife poco después de que encontrasen asesinado a Juan Carlos Roces. Una operación conjunta entre varias unidades de la Policía Nacional de distintas autonomías permitió el arresto del sospechoso en la isla canaria. En ella, se decretó su ingreso en prisión, el 22 de junio de 2010. Luego fue trasladado a Villabona hasta el juicio. “Estuve en el Carvi, pero yo dejé a Carlos con vida cuando me fui”, señaló entonces.
Pese a mantener su inocencia, y tras estar 29 meses encarcelado hasta el día del juicio, un jurado popular le consideró culpable de asesinato con alevosía y, en consecuencia, la sección octava de la Audiencia le impuso 18 años de cárcel. Fue ya en abril de 2013, tras 1.012 día de prisión, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló esa condena y procedió a su absolución al considerar “débiles y frágiles” los argumentos del jurado que motivaron su condena. Decía el TSJA que hubo mucho “indicios que no se dieron por probados” y también “márgenes de incertidumbre” que no enervaban las presunción de inocencia. Un criterio que luego avaló también el Supremo. En ese mes de abril de 2013 quedó libre.
Los argumentos para exigir una compensación por los casi tres años de cárcel convencieron a la Audiencia Nacional. “Tenía 39 años, nunca había entrado en prisión y trabajaba en la construcción. Llevaba una vida normal”, relató en su demanda. Recuperó la libertad con 42 años y supuso “enfrentarme a la ruptura de todo mi entorno social, teniendo en cuenta que haber sido acusado de un asesinato dificulta aún más la normalización de una integración social”. Es más, “la repercusión social del crimen, máxime en una ciudad del tamaño de Gijón, permanece más tiempo en la memoria de la comunidad; es innegable”.
A eso hay que sumar que durante su estancia en prisión tuvo una hija, en enero de 2013, con otra reclusa, por lo que la Consejería de Bienestar Social, dada la situación de ambos progenitores, la dio en acogida. De hecho, tuvo que recurrir a los tribunales para recuperar a su hija. Los 9.000 euros son toda su compensación por lo ocurrido.
