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Un cuarto de siglo en primera línea contra la lacra machista

Los equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil, con más casos por la pandemia, alertan del drama de la trata sexual en Gijón y de la violencia de género entre menores

Las agentes Begoña Ceñera y Raquel Álvarez.

Las agentes Begoña Ceñera y Raquel Álvarez. Julián Rus

La violencia de género ni siquiera se contaba como un delito cuando la Guardia Civil de Asturias creó sus equipos Mujer-Menor (Emume). Fue hace ahora 25 años, en una España en la que no existía una ley contra la lacra machista y las agresiones en la pareja eran pasadas por alto por familiares y testigos por sentir que eran “cosas de la vida privada”, cuando para lograr un mínimo de justicia la víctima necesitaba varios partes de lesiones y convencer al juez. Ahora, estos equipos, que también tratan los delitos relacionados con la trata de seres humanos y contra la libertad sexual, siguen en la misma pelea diaria, pero con diferencias sustanciales. Explican sus integrantes que actualmente el maltrato físico es más fácil de denunciar, pero no tanto el psíquico ni el emocional, y que “algo falla” a la hora de educar a las nuevas generaciones: están replicando los mismos patrones de sometimiento a las mujeres con nuevas formas de control, especialmente a través de las redes sociales.

Dos de estas agentes son Raquel Álvarez y Begoña Ceñera. Las dos tienen fama de tener “mano dura” y de ser encantadoras al mismo tiempo. Ellas mismas reconocen que hasta los detenidos se sorprenden de su simpatía. Que una cosa no quita la otra. Especialmente formadas para el cargo, son dos de las más preparadas para valorar la violencia de género en Asturias. Especialmente Ceñera, que fue también una de las fundadoras de los Emume en el 1995 y probablemente una de las pocas que siguen desde entonces en activo en las comandancias españolas.

Al principio, cuentan, solo veían “la punta del iceberg del ojo morado”, los casos más obvios: las palizas, las amenazas serias de muerte, los intentos de asesinato. Ese iceberg está ahora un poco más visible, pero no del todo. La propia sociedad, dicen las agentes, todavía no considera alarmante el maltrato “que no se ve”. “Pasa con las vejaciones o mantener relaciones no consentidas dentro de la pareja. Cuando estamos entrevistando a las víctimas, si no les preguntas de forma expresa, no te lo cuentan”, señala Álvarez. “Muchas todavía sienten que eso entra dentro de las obligaciones maritales”, apostilla Ceñera.

El perfil de la víctima ha cambiado, porque ahora la mayoría de las mujeres sí saben que existen recursos de apoyo y un sistema judicial y policial que hará lo posible para protegerlas. Ceñera recuerda testimonios especialmente dramáticos de sus inicios. “Una mujer de la zona rural nos contó que su marido la había agredido cuando ella estaba con el ganado y ella, después, solo le preguntó quería que le preparase el desayuno”, recuerda. “Hubo tantos avances... Antes necesitabas tres sentencias condenatorias, con parte de lesiones, para aplicar alguna medida. Ahora están los dispositivos que controlan al agresor, algo que entonces solo veíamos en las películas. Desde que existen, ninguna mujer ha fallecido a manos de un agresor controlado por estos aparatos”, añade. El perfil del agresor, completa Álvarez, ha evolucionado menos. “Si el agresor supiese realmente que lo que está haciendo está mal, no lo haría. Se comportan de forma totalmente distinta con los agentes, con su mujer y con su familia”, asegura.

El gran reto de futuro será atajar la violencia de género en menores de edad, un problema aún latente y que a juicio de Álvarez es señal de que “algo falla”. “No estamos sabiendo llegar a ellos, o no siempre. No es normal que una joven vea lógico que su pareja también menor de edad le controle el móvil. Luego hay veces que la educación sí funciona. Una vez atendimos a una menor que vino a contar su caso y nos dijo que lo hacía porque un Guardia Civil le había dado una charla en el colegio. Se lo dijimos al compañero de la charla, y dijo: sé quién es el menor; vi cómo se iba congestionando según iba yo explicando las cosas. La educación es fundamental”, concreta la agente.

Todo apunta a que la actividad del Emume saldará este año con un balance de intervenciones al alza. Durante todo 2019 cubrieron 149 casos, una cifra que ya alcanzaron a mediados de este mes. Parece que la pandemia tendrá mucho que ver: entre marzo y junio se habían atendido 58 casos el año pasado y este, 69. Las agentes explican que la evolución fue irregular: al comenzar el encierro no recibieron ningún aviso, pero con la desescalada se fueron incrementando.

La trata de blancas, aún al alza

Más allá de la violencia de género, los Emume también se participan en los casos policiales que involucran a mujeres y menores de edad, y uno de los ámbitos que más preocupa a la Guardia Civil es la trata sexual. Aquí las agentes reconocen que queda aún mucho camino por recorrer. “Los responsables lo tienen todo bien atado. Hacen creer a las mujeres que, si cuentan su situación, les quitarán lo poco que tienen. Hay que entender que su contexto es complejo. Ejercer la prostitución, pero tener a cambio un techo, comida y algo de dinero es, para muchas, una mejora sustancial de su estilo de vida”, aclara Álvarez, que cuenta que “casi lo único” que ha cambiado son los flujos de migración. “Es aterrador. Solo ha cambiado eso y las formas de captación. Muchas mujeres rumanas vienen con el sistema “lover boy”, un hombre las convence de que las quiere y que las quiere traer a España. A mujeres nigerianas, se las amenaza con una especie de vudú, lo que se llama el yuyu, así que si rompen lo pactado puede pasarle algo a sus seres queridos o condenan su propia alma. Ni siquiera hay datos oficiales de cuántas víctimas por trata hay. No sabemos el alcance del problema”, lamenta. Muchos de los clubs que han clausurado, añade, fue gracias a otro tipo de delitos, como contratación ilegal o tráfico de drogas, pero las condenas por trata son aún escasas. Es, dicen, su gran reto de futuro.

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