La familia de Eleazar García, el joven de 30 años fallecido en septiembre de 2019 tras sufrir un infarto poco después de ser detenido por la Policía a las puertas de El Molinón, acaba de formalizar su escrito de acusación contra ocho vigilantes de seguridad y cinco agentes de la Policía Local de Gijón, a los que atribuye los delitos de homicidio imprudente y un delito contra la integridad moral por los que solicita una condena, en suma, de seis años de cárcel. Además, en el caso de los policías, la familia del joven también les atribuye un delito de detención ilegal por el que añade otros seis años de cárcel y pone de manifiesto que el delito se cometió por motivos racistas. Y citan como ejemplo el caso del afroamericano George Floyd, el hombre fallecido en mayo de 2020 en Mineápolis (EE UU) al ser arrestado por cuatro agentes.
El escrito de acusación, hecho público por la familia, asegura que Eleazar García, “de etnia gitana y con una minusvalía psíquica del 75%”, había acudido con su familia a ver el partido entre España y las Islas Feroe que se disputó en El Molinón en septiembre de 2019. En un momento dado, el joven se alejó de su padre y acabó saliendo del estadio. Cuando trató de entrar de nuevo al campo, “exponiendo balbuceante” sus intenciones, los vigilantes de seguridad se lo denegaron. En un momento de descuido, Eleazar García consiguió entrar, pero uno de los vigilantes le interceptó, lo sacó de nuevo al exterior del estadio y avisó al resto de compañeros, según describe la familia del joven fallecido.
La acusación, ejercida por el letrado Marcos García Montes, sostiene que hasta ocho vigilantes de seguridad intervinieron para reducirle. “Alejándose de la debida diligencia que debe obrar en personas garantes de la seguridad, y prevaliéndose de una situación de superioridad, lo posicionaron boca abajo, con las manos en la espalda, y le golpearon reiteradamente, causándole innumerables contusiones y eritemas” por todo el cuerpo, resume la familia. Acto seguido, los vigilantes reclamaron la presencia policial en los aledaños de El Molinón.
Hasta cinco agentes, al menos los que se sentarán en el banquillo, llegaron a ese lugar. “Actuaron de una manera pasiva y con dejación de funciones, delegaron en los vigilantes de seguridad la reducción, engrilletado e introducción en el vehículo oficial” de Eleazar García, al que no informaron debidamente de sus derechos ni le explicaron el motivo de su detención. El joven gijonés, mientras esperaba a ser atendido por el médico del centro de salud Parque-Somió, “fue nuevamente inmovilizado” y al incorporarlo para llevarlo a la consulta “perdió el conocimiento, comenzó a convulsionar y entró en parada cardiopulmonar” hasta acabar falleciendo.
A tenor de estas conclusiones a las que llega la familia de Eleazar García, acusan a los ocho vigilantes se seguridad de un delito de homicidio imprudente (subsidiariamente solicitan un delito de lesiones) y otro contra la integridad moral. En el caso de los cinco agentes de la Policía Local de Gijón, que aseguran que ninguno de ellos tocó al joven en ningún momento de la intervención, se les atribuyen esos mismos delitos además del de detención ilegal, lo que eleva hasta los doce años de cárcel las peticiones en el caso de los policías. En el escrito, además, se hace constar que existió abuso de autoridad y que se cometió el delito por motivos racistas.
En concepto de responsabilidad civil, como indemnización a los padres de Eleazar García por lo ocurrido y las consecuencias morales de su muerte, solicitan el pago de 500.000 euros a los vigilantes de seguridad y otros tantos a los cinco policías procesados. En el caso de que los acusados no pudiesen afrontar esas altas cantidades, la familia exige que tanto la empresa de seguridad privada Prosegur y el Ayuntamiento de Gijón, como titular del estadio en el que ocurrió el incidente, respondan subsidiariamente de esta indemnización. La Fiscalía, tras finalizar la instrucción, pidió el archivo del caso.
La familia de Eleazar García, además, incluye en el escrito una comparación con los 22 millones de euros concedidos a la familia de George Floyd, el hombre fallecido en mayo de 2020 en Mineápolis, Minesota (Estados Unidos) tras su arresto por cuatro policías.
