“No me lo puedo creer. Este caso lo llevamos nosotras hace muchísimos años y él mismo reconoció los hechos”, Mariti Pereira, del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym), recuerda todavía la condena por abuso sexual infantil al monitor infantil que ha sido ahora apartado de la Asociación Parados y Precarios de Asturias por impartir, precisamente, talleres a niños en una finca de Vega. Entiende que el “gran fallo” de la agrupación fue no solicitar el certificado negativo que acreditase que el trabajador no tenía antecedentes por este tipo de delitos. “Todo el mundo tiene derecho a la reinserción, pero si has sido condenado por algo así, no se te puede contratar para trabajar con menores. Es un gran riesgo. Una madre dio la voz de alarma al reconocerle”, asegura.
Lo cierto es que el Registro Central de Delincuentes Sexuales no es muy conocido fuera de agrupaciones que se dedican a trabajar con menores. Se aprobó su creación en 2015, y explica el experto penalista Javier Merino que, en casos en los que un mayor de edad es condenado por agredir a un menor, los datos de este individuo deben aparecer en la base de datos durante 30 años desde el fin de la condena. El pasado del monitor de Vega, por lo tanto, sigue plenamente vigente en el ámbito administrativo. Por esa ley, ahonda Merino, “el empleado está obligado a entregar un certificado que informe de si figura en ese registro”, así que la entidad empleadora “debe interesarse” por su entrega. La ley que afecta el voluntariado también cita expresamente esta obligación. “Así que incluso si estos talleres en la asociación fueron más bien informales, que es lo que parece, el caso es el mismo. Y no conocer la ley no te exime de deber cumplirla. Podría haber consecuencias penales en caso de detectarse otro delito”, recuerda el letrado. La asociación, por su parte, asegura “no tener constancia alguna” de que el condenado se hubiese comportado de manera extraña con los niños de Vega.
