Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Arranca la batalla por la ITV de Granda

Los vecinos recurren ya a la vía judicial para tumbar el proyecto y reclamarán la paralización cautelar de los trabajos

Una protesta de los vecinos de Granda. | Juan Plaza

Semana decisiva para el futuro de la ITV de Granda. La empresa Ovinorte, adjudicataria de la actuación promovida por Itvasa para dotar a Gijón de una segunda estación de inspección técnica de vehículos, tiene previsto iniciar las obras de construcción del equipamiento hoy mismo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Por su lado, los letrados de la plataforma vecinal interpondrán un recurso judicial para tratar de cerrar el paso al proyecto y, como primera medida, reclamarán a los tribunales la adopción de medidas cautelares para paralizar la actuación antes de que se produzcan avances.

De forma paralela al inicio de las obras, Itvasa, que pretende abrir cuanto antes la ITV de Granda, ha lanzado un contrato de 253.000 euros para dotarse de todos los elementos necesarios para las líneas de inspección. Son seis para vehículos ligeros y turismos, y una más destinada a ciclomotores, motocicletas, quads y motocarros. Los equipos estarán en posesión de Itvasa en un plazo máximo de dos meses contados a partir de la adjudicación. A partir de ahí, comenzarán las labores de instalación.

Aunque no hay un plazo concreto para la apertura de la ITV que reforzará el servicio que se presta en la de Tremañes, el gerente de Itvasa, Belarmino Rodríguez, aseguró a mediados de septiembre, durante una comparecencia en la Junta, que resulta factible que la inauguración se lleve a cabo en seis o siete meses. Según indicó, la posibilidad de abrir en un plazo corto de tiempo y las cuestiones económicas explican la elección de la finca adquirida por 900.000 euros a la Cooperativa de Agricultores de Gijón y que se rechazasen las distintas alternativas planteadas por el Ayuntamiento. Lo que no pudo aclarar Rodríguez en sede parlamentaria es quién realizó y cuándo se hizo el estudio de tráfico que se utilizó para decantarse por la parroquia de Granda. Según desveló Vox, se trata de un documento sin fecha ni firma y que toma como base los datos de la ITV de Mieres para concluir que el proyecto resulta viable desde el punto de vista de la movilidad. Es más, asegura que, lejos de interferir en los viales, la ITV solo generará el paso de un vehículo cada dos minutos en su tramo final.

La visión de los vecinos es radicalmente contraria a la de la empresa. Además, tampoco esconden su malestar con el Gobierno local por haber procedido al arreglo del tramo de carretera que da acceso a la finca de la ITV justo en el momento en que Itvasa procedía a la adjudicación de los trabajos a Ovinorte. A juicio de la plataforma que canaliza el descontento social, los viales de la parroquia no están capacitados para asumir el fuerte incremento de tráfico que generaría el nuevo equipamiento. En este sentido, se quejan de que los informes de tráfico y movilidad emitidos por los técnicos municipales son incompletos y no abordan la problemática en su integridad.

Por su lado, el gobierno municipal que preside Ana González sostiene que ha hecho todo cuanto estaba en su mano para intentar convencer a Itvasa de que se decantara por otro emplazamiento. Sin embargo, a la vista de que la parcela está catalogada como industrial y de que la empresa contaba con todos los informes a favor, le otorgó la licencia.

Las máquinas están a punto de entrar en la parcela y los vecinos velan armas para dar la batalla judicial contra la ITV. La “guerra”, afirman, no está perdida de antemano.

Compartir el artículo

stats