La decisión de los cuatro condenados por la agresión que sufrió Germán Fernández de solicitar la suspensión de sus condenas, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, amparándose en la ausencia de antecedentes, en unos casos, y, en otros, en las adicciones a drogas y alcohol ha cogido por sorpresa a la familia del camarero gijonés, que de entrada no se muestra partidaria. “Lo correcto sería que cumpliesen lo que les queda”, compartió ayer Yolanda Fernández, la madre del joven afectado, que ha quedado impedido para vivir de forma independiente tras lo ocurrido. Unas impresiones en las que se muestra consciente de que a los cinco años que aceptó Rubén Álvarez y a los cuatro que asumieron los otros tres (Imad Ashaini, Yeray Rodríguez y Jorge Álvarez) hay que restar los casi dos años que todos ellos cumplieron de prisión preventiva cuando fueron detenidos.
La solicitud de suspender las condenas llegaría a cambio de seguir abonando la responsabilidad civil y cumpliendo la orden alejamiento impuesta (de diez años para Rubén Álvarez, autor del puñetazo al camarero gijonés, y de ocho años para los otros tres), además de aquellas otras medidas adicionales que quisiesen implementar desde el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia. No delinquir en un periodo de tiempo concreto suele ser la más habitual. Pero serán los magistrados quienes se pronuncien al respecto una vez se abra el plazo de ejecución de sentencia. Por el momento, falta poner negro sobre blanco el acuerdo contraído entre la Fiscalía, la acusación particular y los cuatro jóvenes procesados.
Los condenados siguen en libertad desde el 8 de julio de 2019, poco antes de que expirase el plazo máximo de prisión preventiva que se fija en la ley. Tanto Imad Ashaini como Yeray Rodríguez habían ingresado el 15 de julio de 2019, al día siguiente de la agresión que sufrió Germán Fernández. Rubén Álvarez llegó al Centro Penitenciario de Asturias el 29 de julio de 2017, y Jorge Álvarez no ingresó hasta el 27 de octubre de 2019. Su salida, eso sí, siempre estuvo condicionado a unas medidas cautelares que les prohibía expresamente acercarse a menos de 500 metros de Germán Fernández y de su familia, pero también de la zona de Fomento donde ocurrieron los hechos. Todos ellos, sin excepción, han cumplido.
Esas medidas, hasta que no haya una sentencia firme que las sustituya, siguen vigentes. Su encuentro en los pasillos del Palacio de Justicia antes de entrar en la sala de vistas ha sido la única excepción. Ahora, una vez esté el fallo, se abrirá el periodo de ejecución y será entonces cuando las defensas traten de lograr una suspensión de condena para sus clientes. “Solo decimos que se cumpla la legalidad”, compartió ayer de forma escueta Gonzalo Botas, abogado de la familia de Germán Fernández. De no lograr la suspensión, sí podría solicitar permisos y hasta el tercer grado al haber cumplido ya la mitad de sus condenas.
