Tras una carrera profesional como abogado, Jorge Miguel Rodríguez (Gijón, 1983) sacó las oposiciones de Policía Nacional y tuvo como primer destino Palma de Mallorca, donde investigó de cerca el conocido “caso Nóos”. Tras su regreso a Asturias es Inspector Jefe de grupo de Policía Judicial en Avilés y acaba de asumir la representación del sindicato mayoritario Jupol en la comisaría de El Natahoyo.
–Recientemente desde Jupol se han opuesto a la salida de prisión preventiva del exmilitar senegalés Papa Gore Ndoye, pero sin éxito.
–Es algo intolerable. A través de nuestra abogada, Sylvia Garrido, nos opusimos a su libertad, pero la juez se acogió al criterio de la Fiscalía, que decía que su peligrosidad había disminuido. Esto es una decisión equivocada, porque los antecedentes son los que son, y este hombre ha agredido a 21 policías desde 2004, ha tenido multitud de intervenciones relacionadas con sus parejas y problemas en bares. Nada más salir le condenaron a seis meses de cárcel por una agresión… Es conflictivo y no está integrado en la sociedad. Tiene orden de expulsión y debería estar en prisión hasta que se ejecute. Es un peligro tenerlo libre.
–¿Están poco penados los delitos de atentado a la autoridad?
–Sí. El atentado contra las autoridades es algo mayor, pero contra los agentes la mínima pena son seis meses, y es la más habitual. Seis meses por pegar a un policía merma el principio de autoridad y desearíamos que se incrementara esa penalidad. Ahora el principio de autoridad se ve socavado por la poca reacción del Estado ante estas conductas. Y no solo la pena, si hay lesiones tenemos otra problemática, porque las indemnizaciones son irrisorias. Sale por 30 o 60 euros, y el mensaje que se da a la sociedad es que pegar a un policía vale cuatro duros.
–Prosiga.
–También tenemos la problemática de cuando hay lesiones considerables y el autor es insolvente. La Dirección General de la Policía (DGP) debería asumir el coste de esas lesiones, como dice la jurisprudencia, pero ponen trabas y tenemos que iniciar procedimientos contenciosos para lograrlo.
–¿Perciben una pérdida del respeto a la autoridad en la calle?
–Sí, cada día. E irá a peor con la nueva ley de Seguridad Ciudadana que se propone Interior. El principio de autoridad y poder ejercitar nuestra función pública, porque trabajamos por y para la sociedad, se va a ver reducido. Cada día se pone más el foco en la Policía que en el delincuente. Estamos desprotegidos.
–¿Prevén movilizaciones contra la reforma que ha presentado el Ministerio del Interior?
–Es que se ha lanzado una propuesta de modificación de la ley en la que hay varios puntos inaceptables. Nuestro secretario general tuvo el jueves una reunión con el ministro, para mostrarle el absoluto rechazo al proyecto. Y eso se acompañará con movilizaciones en la calle. El próximo 27 de hemos convocado sin distinción a organizaciones sindicales y cualquiera que se quiera unir contra esta norma que nos afecta a todos muy seriamente.
–Una de las medidas de esa ley es que se podrá grabar a los agentes en sus intervenciones, cuando ustedes llevan tiempo solicitando cámaras integradas en el uniforme.
–Llevamos mucho exigiendo esa posibilidad de manera que quede acreditado documentalmente la intervención en su totalidad para que no sea alterable ni manipulable. La posibilidad que se dará a los manifestantes pone en riesgo la intimidad y seguridad de los agentes, y puede haber represalias contra ellos. Usando cámaras los agentes se evitaría que se editasen los vídeos para que no pareciese que una intervención fuese un ataque de la policía cuando en realidad se está reaccionando a una agresión previa.
–¿Y por qué no las llevan?
–Por falta de interés de la propia DGP. Esa medida implicaría un coste, pero es beneficioso para la seguridad ciudadana. Dotaría de mayor garantía a los agentes en sus actuaciones y se evitarían dudas, como en casos recientes como la condena al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Esas actuaciones, si quedasen grabadas, dejarían muchas menos dudas. Se debe invertir en ello, porque el coste es relativo. Ahora se van a gastar un millón de euros en iluminar de morado todas las comisarías de España por el día contra la violencia de género. Esto es una lacra contra la que hay que luchar, pero hay que ponderar lo que es mejor para todos.
–¿Faltan medios materiales?
–Sí. Y en esa ley se quiere reducir el material antidisturbios, como las pelotas de goma. El problema es que la reforma de la ley está inspirada por motivaciones políticas y no por criterios técnicos. Si hay una manifestación tranquila no pasa nada, pero si son como las que hubo en Barcelona hace poco, con barricadas y lanzamiento de ladrillos… ¿Con qué actuamos si no tenemos medios para reprimirlo? ¿Dejamos que los violentos tomen las calles?
–Continúe.
–Hace tiempo que llevamos pidiendo pistolas táser. Es una medida intermedia entre la defensa policial y el arma de fuego, que permitiría reducir a personas muy violentas. Ahora se dan cursos de bastones extensibles, mucho más eficiente que la defensa tradicional. Se avanza, pero estamos lejos de lo deseable.
–Gijón se mantiene como una ciudad segura.
–Sí. Ahora los datos están condicionados por la pandemia, pero Gijón es de las ciudades más seguras del país y eso es una suerte, a pesar del aumento de ciertos delitos, como las agresiones sexuales. Ese crecimiento es común en toda España porque hay mayor concienciación al respecto y afloran muchos delitos que antes se quedaban ocultos.
–¿Qué más exige Jupol?
–La principal es la equiparación salarial. No hay que perderla de vista porque por eso hemos nacido. También los turnos, la DGP implantó un turno de 6 por 6 y ahora quieren volver a 6 por 5, y eso genera un exceso horario. Nos oponemos. También pelearemos la indemnización por vestuario, porque muchos agentes utilizan su ropa para trabajar, no el uniforme, y creemos que eso precisa una compensación económica.
