La conclusión de la fase de pruebas de la depuradora de El Pisón tras cinco meses a pleno funcionamiento, la recepción de la obra por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el inicio de su gestión en la madrugada de ayer por parte de Tragsa, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, es un hito que destacaron ayer tanto la alcaldesa de Gijón, Ana González, como la viceconsejera de Medio Ambiente del Principado, Nieves Roqueñí. Ambas resaltaron que su funcionamiento no esté generando quejas vecinales.

El vertido que se estaba haciendo al mar si depurar de las aguas fecales de la cuenca este de Gijón, junto a incumplimientos en otras localidades, motivó que la UE impusiera en julio de 2018 una multa a España de 12 millones de euros a tanto alzado, más otros 60.000 euros diarios de multa hasta que se solventara el problema. El 40% de esas cantidades se debían al vertido de aguas fecales en el este de Gijón. Roqueñí señaló al respecto que “el funcionamiento de la depuradora permitirá dejar de pagar la multa”.

La Alcaldesa, por su parte consideró que “muy importante para Gijón” que la depuradora esté funcionando ya que una ciudad que quiere que ser amigable, que quiere ser habitable, con el nivel, además de reivindicación social y ambiental de su ciudadanía, no podía seguir vertiendo al mar directamente el agua sucia de 150.000 habitantes, agua sin depurar, incluyendo las aguas fecales”.

Ana González agregó que “el tiempo que lleva en uso la depuradora sin causar problemas a los vecinos demuestra que teníamos razón, que la tecnología hoy permite conciliar, permite que convivan perfectamente infraestructuras medioambientales y ecológicas como puede ser una depuradora, con zonas residenciales”, dicho lo cual no queda más que “alegrarnos de que esté en pleno funcionamiento, de que vaya bien, y lamentarnos de que haya tenido que tardar tanto tiempo en que esto fuera posible, cuando está quedando patente que no había ningún problema”.

En términos similares se pronunció Roqueñí, quien tras destacar que los controles del Principado están muestran que los valores de vertido al mar cumplen ya con la normativa europea, apuntó que “también es positivo que no se tenga constancia de quejas vecinales por molestias, lo que demuestra que es posible la compatibilidad de usos”.

Por contra, el abogado de la comunidad de propietarios de la colonia de El Pisón, Marcelino Abraira, opinó que la recepción de la obra de la depuradora “es ilegal” y que a él no se lo comunicaron. Abraira reiteró que los vecinos pleitean contra la depuradora en diversos juzgados de Asturias y de Madrid, y que en caso de no ganar recurrirán. En uno de los pleitos lo que piden es la anulación del PGO o, subsidiariamente, la demolición de la depuradora y que en su lugar haya un parque, que es para lo que la promotora de la urbanización había cedido el solar.