M. C.
El abogado de los vecinos de El Pisón, Marcelino Abraira, anunció que ayer procedió a incluir “a los responsables de Tragsa” –empresa pública a la que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha encargado la gestión de la depuradora del Este– en la denuncia penal que ya habían formulado contra cargos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación y la empresa que realizó el estudio de impacto ambiental de la depuradora.
El letrado califica de “okupas administrativos” a quienes han puesto en marcha la depuradora de El Pisón, argumentando que no hay ninguna sentencia “que avale que el Pisón es el lugar adecuado” para instalar la depuradora del este, por lo que consideran que “no pueden estar legalmente en una planta cuya legalidad está en trámite de los tribunales”.
Además de la querella penal, los vecinos de El Pisón tienen abiertos varios frentes en los tribunales de lo contencioso-administrativo. Los vecinos defienden que “lo lógico” es que los tribunales vuelvan a decir que El Pisón no es el sitio adecuado para la depuradora dado que el Tribunal Supremo anuló en 2016 el primer estudio ambiental que elegía el Pisón frente a otras tres alternativas.
