Nuevo enfado entre los vecinos de Nuevo Roces. Esta vez a costa de una resolución del Ministerio de Hacienda y Función Pública que abre el camino a una subida generalizada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los residentes en el barrio. Los vecinos han recibidos las comunicaciones como un jarro de agua fría en el contexto de su lucha por una serie de servicios públicos, sobre todo sanitarios y educativos, que llevan prometidos años pero sin ejecutar.
La Gerencia regional del Catastro ha enviado comunicaciones a los propietarios alertando de la necesidad de solventar unas discrepancias detectadas. ¿Qué discrepancias? Ahora mismo a la zona del denominado plan especial de Roces se le aplicaba la condición urbanística de suelo pendiente de desarrollo, lo que conllevaba un coeficiente reductor a la valoración del suelo. Pero el Catastro considera, y así se lo comunica a los vecinos , que la zona “se encuentra desde hace tiempo totalmente urbanizada y con numerosas parcelas construidas”.
Y por si hubiera dudas hace suyo el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado en 2019 donde la calificación del área es de suelo urbano consolidado. A la vista de esos argumentos la conclusión del Catastro es fácil: ya no procede aplicar ese coeficiente reductor que tiene su impacto en el pago del IBI. Así que han decidido subsanar de oficio la discrepancia atribuyendo a las parcelas la, dicen, “calificación urbanística correspondiente a su realidad física”.
El valor catastral del suelo es junto al valor catastral de las construcciones los parámetros que utilizan los ayuntamientos para fijar la cuantía del impuesto que fijan a cada propietario. La pérdida de ese coeficiente reductor en el valor de suelo tiene un efecto directo, por tanto, en el IBI de Nuevo Roces.
“Cómo se atreven a hablar de consolidación cuando tras casi doce años nos falta consolidar los servicios públicos. No tenemos colegio, nos tenemos instituto, no tenemos consultorio médico... Es totalmente inmoral hablar de un barrio consolidado”, denuncia Miguel Bernardo, presidente de la asociación vecinal. Desde el Catastro se abrió a los vecinos la posibilidad de presentar alegaciones particulares a su resolución pero la propuesta de la asociación vecinal es más general y contundente: “Que esperen a construir estos servicios públicos y después ya hablamos de subir el IBI”.
