A diez años asciende la petición de cárcel para Jesús María Menéndez, conocido popularmente como padre Chus, por los delitos de corrupción de menores y contra la salud pública. Según el escrito de acusación, este hombre, que actualmente está en libertad provisional tras un paso de alrededor de cuatro meses por prisión preventiva, propuso sexo a cambio de drogas o dinero a tres menores de edad en su piso de la calle Dona Argüelles. Además, por estos hechos, la Fiscalía le pide tres años de alejamiento de sus víctimas y otros tantos de prohibición para desempeñar actividades relacionadas con menores. Otras dos personas, de 23 y 20 años respectivamente, también se sentarán en el banquillo por suministrar el hachís a los menores en la vivienda del padre Chus.
La investigación contra el exsacerdote, expulsado del estado clerical por un caso de abusos sexuales a menores en 2016 que se acabó archivando, comenzó con denuncias recibidas por la Policía Nacional, que puso en marcha la «operación Retorno». Hubo escuchas policiales desde el mes de febrero de 2021 y una amplia vigilancia que desembocó en la detención del padre Chus en noviembre del pasado año en su piso. Ingresó en prisión preventiva y dio comienzo una instrucción judicial, bajo secreto de sumario, que contó con el testimonio de alrededor de una veintena de personas, quince de ellos menores de los que buena parte están tutelados por la administración o centros de acogida. Nadie ejerce la acusación particular.
Una vez concluyeron las declaraciones de los testigos en sede judicial, y al desaparecer por tanto el riesgo de que el procesado pudiera interferir en los testimonios (argumento esgrimido por el fiscal cuando solicitó su ingreso en prisión), Jesús María Menéndez salió del Centro Penitenciario de Asturias el pasado mes de marzo, arropado por su abogado, Javier Díaz Dapena, y varios amigos. «Confío en la Justicia», compartió el padre Chus con LA NUEVA ESPAÑA a su salida de la cárcel.
Todas esas labores judiciales han desembocado en una petición de diez años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal. Sostiene que el padre Chus, de 70 años, contactaba con menores al menos de 2015, invitándoles a acudir a su domicilio de la calle Donato Arguelles, donde «les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que consumían en el salón y en su presencia». La droga la facilitaban otros dos jóvenes, también procesados en esta causa y que afrontan cada uno de ellos cuatro años de cárcel.
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El proceder del padre Chus, explica el fiscal, consistía en «incitar a los menores para que contactaran con otros y les invitaran a subir al piso a fumar hachís» y de esta forma «entablar una relación de amistad» con ellos. ¿El objetivo? «Ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarse dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga libremente», dice el el fiscal.
Así las cosas, tres son los menores considerados como víctimas del padre Chus en este procedimiento. El primero de ellos es nacido en 2001 y testigo protegido, pero los hechos ocurrieron en 2015 o 2016. El acusado, «con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales», le facilitó hachís en varias ocasiones y «practicarle una felación», pero el menor se negó.
El segundo caso ocurrió en el verano de 2017, con otro menor nacido en 2001 (y también testigo protegido) al que le ofreció dinero «a cambio de dejarse tocar el pene». En este caso, la víctima, a la que también había facilitado hachís en más de una ocasión, tampoco accedió a la propuesta del exsacerdote.
Por último, en otoño de 2021, poco antes de la detención del padre Chus, le puso una mano en la pierna a otro joven, nacido en 2004, «y le ofreció dinero a cambio de sexo». Este menor tampoco accedió a esas pretensiones.
Por cada uno de estos tres casos afronta el padre Chus dos años de cárcel, que llevan aparejado el pago de 1.000 euros por daños morales a cada víctima. Se incluyen varias medidas durante tres años, como el alejamiento de sus víctimas, la prohibición de trabajar con menores y la obligación de participar en programas formativos. Pero hay que sumar otros cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública, que incluye el pago de una multa de 100 euros.
Agresión al exreligioso
Por otro lado, en los juzgados, también se está investigado el intento de homicidio sufrido por el padre Chus por parte de un individuo que frecuentaba su vivienda. Le atacó con un cuchillo y un plato en el cuello, pero el exreligioso se recuperó sin mayores secuelas de las heridas. Su agresor está en prisión, a la espera de la instrucción judicial, pero el padre Chus no ejerce acusación contra él.