La laicidad se convierte en moneda de cambio para aprobar el presupuesto en Gijón

No queda mucho para que se cumplan dos años desde que una resolución de Alcaldía fijase someter a consulta pública previa la iniciativa de elaborar y aprobar un reglamento de laicidad en el Ayuntamiento de Gijón. La consulta, que se cerró el tres de mayo de 2021, suponía iniciar el proceso para dar satisfacción al punto 87 de los 88 que conformaron el acuerdo de gobierno entre PSOE e IU. Un punto que comprometía la «elaboración de un reglamento de laicidad municipal». A punto de acabar el mandato el borrador del reglamento sigue en proceso de tramitación, pero sin fecha para su aprobación inicial en Junta de Gobierno, como inicio del tránsito en comisión hacia el Pleno.

Del letargo de los últimos meses a estar en primera línea del debate político ha sacado al reglamento su singular protagonismo en el proceso negociador del nuevo presupuesto municipal para 2023. Ciudadanos incluye frenar este reglamento entre sus exigencias políticas para facilitar la aprobación de las últimas cuentas del gobierno de Ana González. Y Podemos-Equo exige, en el mismo contexto, su aprobación antes de que finalice el mandato. Todo lo contrario

Este es el último capítulo de la parte de la historia que abrió aquella consulta que generó más polémica social y política que participación efectiva. El texto del reglamento –que en su título utiliza como sinónimos los conceptos aconfesionalidad o laicidad municipal– ha ido dado saltos por los departamentos municipales correspondientes, ajustándose a los matices sugeridos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento tras analizar documentación de otros municipios y sentencias sobre el asunto y pasando los filtros de las organizaciones políticas que dan sustento al gobierno.

Todo desde una tramitación que sigue activa, pero más lenta de lo esperado, y que ha llevado tanto a IU como a Asturias Laica a alzar la voz. En el caso de IU para recordar los compromisos del pacto de gobierno a los nuevos responsables de la Casa del Pueblo. Ana González siempre ha defendido la necesidad de este reglamento para cumplir con los principios de la Constitución Española de aconfesionalidad y neutralidad religiosa de las instituciones públicas.

Reglamento que no ordenanza, lo que supone que no se generan ni obligaciones ni derechos para los ciudadanos. Y documento que se asienta sobre los principios de separación entre el poder público municipal y las distintas confesiones y de neutralidad del poder público municipal ante el hecho religioso. Especificados esos conceptos al actual borrador del reglamento lo que le quedan son media docena de artículos que estructuran el día a día de la laicidad municipal y de las relaciones del Ayuntamiento con las diferentes confesiones religiosas. Así se estipula la no realización de actos de culto religioso o veneración hacia imágenes o conceptos y la no participación de los miembros de la corporación en «ceremonias, ritos o cualquier acto que forme parte de cualquier confesión religiosa».

¿Qué más se plantea en este borrador de reglamento? Pues que el Ayuntamiento como institución «no se encomendará a imágenes o rituales religiosos, advocaciones, votos públicos o figuras sagradas pertenecientes a religión alguna» y que todos los actos públicos serán «exclusivamente» seculares y sin connotaciones religiosas. No hay problema en invitar a ellos a autoridades religiosas en igualdad de condiciones con otras entidades de la ciudad. Y «sin discriminaciones ni privilegios de ningún tipo y atendiendo a la diversidad religiosa existente en el municipio».

En cuanto a la incidencia del reglamento en el uso de espacios y edificios municipales queda claro que no lucirán simbología religiosa pero respetando y manteniendo símbolos religiosos que por su valor histórico y artístico justifiquen su conservación y cuya retirada ocasionara un daño irreparable. La laicidad se promoverá, dice el documento en fase de borrador, en los centros educativos públicos.

Los actos religiosos no tendrán la consideración de oficiales y, por tanto, no formarán parte de la programación del Ayuntamiento ni el Ayuntamiento los publicará y el uso para esos actos de espacios públicos estará sujeto al proceso de concesión y los precios que afectarían a cualquier entidad o particular. Igual que como con otras entidades, vía convenio, se podrán establecer colaboraciones entre el Ayuntamiento y entidades religiosas siempre que esa colaboración «no tenga como objeto el proselitimos religioso o la promoción de entidades religiosas». La igualdad de trato con el resto de las entidades de todos los sectores llega también al pago de impuestos y tasas de competencia municipal, como se deja claro en una de las disposiciones transitorias del, por ahora, borrador.

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