Los consumidores seguirán pagando más de 25 millones al año con la regasificadora abierta

El funcionamiento para su uso logístico de la regasificadora de Gijón acaba de superar su último escollo tras la resolución emitida el pasado jueves por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que aprueba un régimen económico singular para la central hasta finales de 2026, cuando se revisará. Competencia ha valorado a la hora de emitir esa resolución vinculante "que las instalaciones llevan más de diez años en los que se viene retribuyendo a la planta sin que la misma preste ninguna actividad al sistema". "En este contexto –añade el dictamen–, resulta oportuno valorar iniciativas como la que se ha presentado por parte de Enagás que generen algún tipo de ingreso al sistema gasista o que reduzcan el coste que éste ha de soportar", una reducción que se traduce, en base a las previsiones, en 400.000 euros menos al año que se cargará a la factura de los consumidores, ya que pasará a percibir del sistema gasista 25,28 millones frente a los 25,7 que percibe actualmente con el régimen aprobado en 2012 para su hibernación.

Aunque no vaya a ser su actividad principal, la CNMC también ha tenido en cuenta que la activación de la planta de El Musel contribuye a mejorar la garantía de aprovisionamiento de gas de España, por un lado, contribuyendo a evitar la congestión en la carga de camiones cisterna que actualmente existe en la regasificadora de Bilbao y por otro, estando dispuesta para "cubrir la producción de las plantas colindantes" de Bilbao y Ferrol en caso de "emergencia". Ese refuerzo en la seguridad del suministro es un factor en el que ha hecho hincapié Enagás, debido al cierre del gasoducto que llegaba a España desde Argelia a través de Marruecos.

La resolución de la CNMC establece las retribuciones que se abonarán a Enagás por los servicios regulados que prestará la planta, esto es, los vinculados al suministro nacional, tanto a través de cisternas, como el bombeo a la red de gasoductos del gas evaporado en los tanques de almacenamiento de GNL en los que se almacena el combustible a 160 grados bajo cero para que permanezca en estado líquido.

Lo que no se ha concedido a Enagás es su petición de cargar al sistema las labores de adecuación de la planta para su puesta en funcionamiento, labores que inició el pasado mes de noviembre. También rechazan que se puedan cargar a la factura de los consumidores las nuevas inversiones para la prestación de los servicios logísticos de gas natural licuado, algo esto último que puede ser relevante si se tiene en cuenta que Enagás presentó en 2015 a la Autoridad Portuaria un proyecto, valorado por entonces en 89,25 millones, para construir un centro logístico de gas natural licuado en El Musel con un plazo inicialmente previsto antes de finales de 2022. El Puerto prorrogó 14 años la concesión a Enagás en base a aquel proyecto inversor que aún no se ha ejecutado. La ejecución de ese proyecto permitiría triplicar la rapidez en la carga de GNL desde los depósitos de la regasificadora a metaneros con mejoras en el atraque actual y la construcción de un segundo atraque para metaneros en duque de alba colindante al de la regasificadora, que cuando se amplió El Musel se había diseñado pensando en ubicar en él una nueva terminal de graneles líquidos. A eso se unirían instalaciones para permitir el transbordo de un metanero a otro, sin necesidad de que el gas licuado pasara por los tanques de la regasificadora. Enagás condicionó ese proyecto a contar con clientes para rentabilizarlo.

El nuevo régimen económico de Enagás, que la CNMC puede revisar en 2026 o antes, comenzará a aplicarse en cuanto empiece a operar la planta. Previamente Enagás tendrá que presentar a la CNMC un contrato a largo plazo con un operador gasista. Además, la planta tendrá que superar varios trámites administrativos en los que no se prevé que haya obstáculos y que serán más rápidos que la evaluación económica vinculante que ha hecho la Comisión de Competencia.

El primero de esos trámites será ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que dictará una Orden Ministerial sobre las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los servicios de capacidad y operación de la planta cuya activación el Gobierno está interesado en acelerar debido a la guerra en Ucrania. En cuanto el Ministerio emita su orden favorable, Enagás podrá solicitar el acta de puesta en servicio de las instalaciones al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, que tiene un mes de plazo para entregarla tras dicha solicitud. En paralelo, Enagás tramitará la licencia de actividad ante el Ayuntamiento de Gijón.

En cuanto el Ministerio emita su orden favorable, Enagás podrá solicitar el acta de puesta en servicio de las instalaciones al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, que tiene un mes de plazo para entregarla tras dicha solicitud. En paralelo, Enagás tramitará la licencia de actividad ante el Ayuntamiento de Gijón.

La inminente activación de la regasificadora de El Musel para descargar, almacenar y volver a cargar en barcos gas natural licuado (GNL) con destino a otros países –proceso que impulsa el Gobierno central dentro del Plan Más Seguridad Energética como parte de las medidas de solidaridad con el resto de la UE tras el corte del suministro a otros países de la mayor parte del gas que venía de Rusia por gasoducto, a raíz de la guerra en Ucrania– también permitirá que se carguen hasta 30 camiones cisterna al día para atender a clientes españoles o para el suministro en El Musel a buques que naveguen usando como combustible gas natural licuado.

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