La depuradora del Este queda en manos del Principado 16 meses después de arrancar

La depuradora del Este de Gijón, ubicada frente a la colonia de chalés de El Pisón y cuyas instalaciones están en su mayor parte soterradas queda, desde hoy, en manos del Principado de Asturias, después de que ayer se firmara el acta de entrega de las obras, instalaciones y terrenos asociados a la estación, por la que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico transfiere esta infraestructura a la administración regional. El Ministerio para la Transición Ecológica invirtió 48,46 millones de euros en la construcción de esta instalación, cuya demora en su puesta en funcionamiento motivó una cuantiosa multa de la UE por los vertidos de aguas residuales al Cantábrico.

La transferencia se produce justo cuando se cumplen 15 meses desde que la depuradora de El Pisón comenzara a funcionar a pleno rendimiento (arrancó un mes antes), el 26 de enero de 2022, por entonces aún en fase de pruebas, que concluyeron hace hoy un año. La depuradora comenzó a operar en pruebas el 29 de diciembre de 2021, aumentando progresivamente el caudal tratado hasta que menos de un mes después ya trataba todo el agua que salía de la colindante planta de pretratamiento, la Plantona. Desde el primer momento, la empresa pública Tragsa es la que ha estado gestionando la instalación. Una situación que por el momento se va a mantener, tras la transferencia de la instalación del Ministerio para la Transición Ecológica a la Consejería de Medio Ambiente del Principado.

A partir de hoy, el coste de explotación de la depuradora del Este lo asume el Principado, con los pagos a Tragsa. Antes de que concluya el año, el Principado "decidirá sobre el modo de gestión más adecuado para esta instalación", explican desde la Consejería de Medio Ambiente.

El traspaso al Principado de la depuradora de El Pisón se produce en virtud del convenio suscrito el 6 de febrero de 2023 entre Transición Ecológica y la Confederación en representación de la administración central, la Consejería de Medio Ambiente del Principado y el Ayuntamiento de Gijón para la encomienda de gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del saneamiento integral del municipio de Gijón.

En ese convenio, con una vigencia de cuatro años, la depuradora del Este es la única gran instalación de la que queda al margen la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), que se encarga de la gestión de la otra depuradora gijonesa, de La Reguerona, en el oeste, así como de otras infraestructuras estatales. Esta decisión provocó malestar entre los sindicatos de la EMA, cuyo comité de empresa teme que sea un primer paso para una futura "privatización" del servicio de depuración de aguas en Gijón.

Los niveles medios de depuración que se alcanzan con esta instalación oscilan entre algo más del 90% y más del 97%, según los distintos parámetros que sirven para controlar la calidad de las aguas que llegan a la costa gijonesa, cumpliendo sobradamente los límites marcados por la normativa europea. La planta tiene una capacidad para depurar un volumen de aguas residuales equivalente al que producen 150.000 personas.

La construcción de la depuradora de El Pisón fue autorizada en 2010 por el Consejo de Ministros, pero la obras se vio frenada durante años por los pleitos interpuestos por la comunidad de vecinos de El Pisón, que en lograron que los tribunales anularan la declaración de impacto ambiental, con una sentencia de 2014 de la Audiencia Nacional, ratificada dos años más tarde por el Tribunal Supremo.

El Ministerio para la Transición Ecológica se vio de ese modo a repetir la tramitación, otorgando en noviembre de 2019 una nueva autorización ambiental. Los vecinos mantienen la batalla judicial en varios frentes, incluyendo una denuncia penal.

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