Los pisos turísticos arrinconan a los hoteles al ofertar el 61% de las plazas de alojamiento de Gijón

La oposición critica las medidas de control anunciadas por el gobierno por escasas, poco contundentes y faltas de definición

Turistas junto a las Letronas de Gijón en una imagen de archivo. | Juan Plaza

Turistas junto a las Letronas de Gijón en una imagen de archivo. | Juan Plaza

Las viviendas de uso turístico comercializadas –lo que suma a las registradas dentro de la legalidad aquellas que están fuera de ella, pero se pueden computar al ofertarse públicamente– suponen el 61,3% del total de las plazas de alojamiento turístico de la ciudad. Ese es uno de los datos que se ofrecen en el estudio que sobre las VUT desarrolló la Universidad de Oviedo a petición del Ayuntamiento de Gijón, y que ha servido de base para que el actual gobierno local tomara una serie de medidas que ayer se le criticaron desde la oposición por escasas, poco definidas y faltas de contundencia.

Ese porcentaje medio está fijado sobre datos de agosto de 2023 con 8.257 plazas en viviendas de uso turístico sobre un total de 13.480 en alojamientos de todo tipo. Y sube por encima del 80% en barrios como La Arena, El Llano o Laviada. En el caso del Centro donde computan 4.377 de esas plazas de VUT su porcentaje sobre el total se queda en el 55,4 por ciento al estar en ese ámbito buena parte de los hoteles de la ciudad. En Cimadevilla, otro barrio muy castigado, las plazas en viviendas de uso turístico comercializadas son el 63% de su oferta de alojamiento.

Ese avance de los pisos turísticos en detrimento de los hoteles y la actividad económica que se genera a partir de ellos es uno de los problemas que también quiere paliar el gobierno de Carmen Moriyón con su anunciada ofensiva, que parte de una suspensión de nuevas licencias en Cimadevilla, La Arena y el Centro durante un año. A esa medida se irán sumando otras como el aumento de la presión fiscal para igualarla a la de negocios similares y no a la de familias o un plan de control para sacar del mercado la oferta ilegal con más inspecciones e, incluso, con un canal abierto a las denuncias anónimas de los vecinos.

Medidas anunciadas por el gobierno de Foro y PP en Madrid, en el marco de Fitur, y criticadas ayer en Gijón por una oposición que esperaban mucho más. "En las medidas anunciadas en el ámbito fiscal, ninguna concreta aún, lo que parece haber es un desconocimiento de qué figuras impositivas se quieren aplicar y como articularlas", criticaba el socialista Constantino Vaquero, quien además reprochó al equipo de Foro y PP que se quieran llevar el mérito de un trabajo que inició el anterior gobierno de Ana González, encargando el informe y poniendo en marcha el sistema de búsqueda de esas viviendas que se comercializan en Internet sin licencia administrativa. "Es necesario dotar al servicio de Disciplina Urbanística de presupuesto y medios para llevar a cabo esa labor inspectora y sancionadora", concretó el socialista en lo que tiene que ver con la acción desde Urbanismo.

"Van en la buena dirección, pero la concreción es tan pobre, que más que medidas son declaraciones de intenciones. Si como dicen llevan desde el inicio del mandato trabajando para regular las VUT, lo cierto es que el resultado es sencillamente decepcionante", sentencia el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, que planteó alguna de esas medidas en varias iniciativas plenarias. "Seguimos sin saber cuáles van a ser las limitaciones que establezca la normativa urbanística para evitar zonas de saturación, ni cuáles van a ser las medidas fiscales... y lo que es peor, sigue sin saberlo el gobierno", remató el concejal.

A Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, le parece que "ninguna de las medidas propuestas aporta una solución definitiva para racionalizar la eclosión de las VUT en Gijón". ¿Por qué? Aquí van algunas razones: "La moratoria no pasa de ser un recurso temporal a la desesperada y la aplicación de una fiscalidad diferente tampoco va a frenar a quienes ya tienen su inmueble en el mercado, solo servirá para reportar ingresos al ayuntamiento", explica.

Olaya Suárez, portavoz de Podemos, solo ve en esas medidas un "parche insuficiente". A la formación morada le preocupa especialmente que "los efectos de la especulación se trasladen a otras zonas de la ciudad. Al mismo tiempo, queda claro que urge lanzar medidas para perseguir de forma efectiva las viviendas fraudulentas, y que los gobiernos municipal y autonómico deberían hacer uso de las herramientas que les otorga la ley de Vivienda". Suárez afeó al gobierno su falta de transparencia al no presentarles antes el informe pese a las constante peticiones de la oposición. Igual que Álvarez Rouco les afeó que lo presentaran en Madrid y no en Gijón.

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