Gijón elevará la presión fiscal a los pisos turísticos para igualarlos a otros negocios "No pueden pagar como una familia"

El plan municipal para contener su proliferación incluye la persecución de las viviendas ilegales y abrir una vía a denuncias anónimas de vecinos

Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo; Javier Martínez, vicepresidente de Otea; Ángela Pumariega, edil de Turismo, y Álvaro Alonso, director de la Feria de Muestras, posan en el pabellón de Asturias en Fitur.

Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo; Javier Martínez, vicepresidente de Otea; Ángela Pumariega, edil de Turismo, y Álvaro Alonso, director de la Feria de Muestras, posan en el pabellón de Asturias en Fitur. / Xuan Fernández/R. Valle

Obligar a las viviendas de uso turístico a tributar ante el Ayuntamiento como el negocio que son e intensificar el control para sacar del mercado a las que se ofertan desde la ilegalidad son dos de las medidas más directas que el Ayuntamiento de Gijón acometerá en los próximos meses para poner freno a la proliferación de este tipo de alojamientos. Estas medidas forman parte de un paquete de actuaciones que los concejales de Turismo y Urbanismo, la popular Ángela Pumariega y el forista Jesús Martínez Salvador, presentaban ayer en Fitur. Justo el día después de que el Pleno aprobara, por unanimidad, una suspensión de licencias que pone freno durante un año al incremento de este tipo de viviendas en La Arena, Cimadevilla y el Centro, los barrios más afectados como han dejado claro tanto las quejas de los vecinos como los estudios universitarios.

Igualar la fiscalidad municipal de las viviendas de uso turístico a la que soportan negocios similares es algo que el gobierno gijonés ejecutará en las ordenanzas fiscales de 2025. "Desde luego no será nada abusivo sino proporcional y análogo a la presión fiscal de otros negocios de este tipo, pero no puede ser que paguen como una familia y no como un comercio", explicaba Martínez Salvador recordando que una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el ovetense edificio de "La Jirafa" abrió esta posibilidad a los municipios al confirmar el carácter de actividad económica de las VUT.

Una herramienta de la que ya dispone el área municipal de turismo para rastrear las viviendas que se comercializan en plataformas de alojamiento turístico servirá al Ayuntamiento para detectar cuales están fuera de la legalidad. Una vez detectadas e inspeccionadas se instará a los propietarios a su legalización. Si no lo hacen llegará la sanción. "Será un trabajo transversal hecho desde un equipo de las áreas de Urbanismo y Turismo para combatir el intrusismo en ese mercado", remarcó el también portavoz del gobierno municipal. A esa herramienta sumará el Ayuntamiento una propia con la que poder hacer un seguimiento constante de todos los indicadores aplicables a este mercado para ir fijando en cada momento cuales son las zonas concretas donde actuar. Por ejemplo, impidiendo el asentamiento de más VUT durante un tiempo o de manera permanente.

Además, y a través de la web municipal, cualquier ciudadano podrá acceder a un mapa donde se ubicarán todas las viviendas de este tipo registradas en el concejo y desde el que se podrá enviar al Ayuntamiento una denuncia anónima referida a alguna de ellas.

El Llano se une a La Arena, Centro y Cimadevilla como zonas con más alojamientos de esta tipología

Todo esto es lo que el Ayuntamiento, desde la coordinación de las dos concejalías, hará en su ámbito competencial. Pero es el Principado quien tiene las competencias en turismo y por eso desde Gijón se le pide ya que impulse una modificación de la ley de Turismo para poder definir las zonas turísticas saturadas que permita actuar a los municipios. A todas estas medidas ya les dio el visto bueno el Pleno por unanimidad en la votación hace unas semanas de una iniciativa de Izquierda Unida. "Las viviendas de uso turístico deben seguir siendo una opción para los visitantes porque su demanda es alta pero cuidando y protegiendo la ciudad y a sus vecinos. No puede ser que perdamos nuestra esencia como ciudad. Hay que buscar el equilibrio", remató Pumariega.

Pumariega y Martínez Salvador incorporaron a su presentación de Fitur datos del estudio que sobre las viviendas de uso turístico desarrolló el profesor Sergio González Begega a partir de un encargo del Ayuntamiento de Gijón a la Universidad de Oviedo. Encargo de anterior equipo de gobierno referido a 2022 y que el nuevo gobierno local pidió actualizar a 2023 visto el visible incremento de ese sector del alojamiento. Los datos de cierre del estudio son de agosto del año pasado, lo que hace que ya se queden cortos respecto al propio cierre de 2023 y al aluvión de peticiones recibidas en el Ayuntamiento en los primeros días de enero tras el anuncio de la inminente suspensión de licencias. Dos datos: en el último cuatrimestre del año pasado se tramitaron 208 nuevos permisos y solo la pasada semana se recibieron 250.

En el caso de Gijón el problema no está tanto, que también, en el número de viviendas de uso turístico como en los altos porcentajes de su crecimiento y su cada vez mayor protagonismo dentro de la oferta global de alojamientos turísticos. "Por eso debemos actuar", recordaron los ediles. El estudio universitario desglosa la realidad de las VUT registradas, pero también de las comercializadas, donde están legales e ilegales. En agosto del año pasado se ofrecían en plataformas de todo tipo 2.055 viviendas con 8.257 plazas, lo que supone un incremento sobre el mismo mes del año anterior del 14,7 y 18,8% respectivamente. O lo que es lo mismo, 264 viviendas más y 1.306 plazas más. Pero es que, además, esas 1.306 plazas se corresponden con el 92% del crecimiento de plazas en el total de los alojamientos turísticos.

Y otro elemento a tener en cuenta. Si a esas 2.055 viviendas comercializadas se le restan las 1.425 registradas oficialmente se observa que hay un mercado negro de 630 pisos turísticos que operan en la ilegalidad: el 30% del total.

El desglose por barrios evidencia lo ya sabido por las denuncias vecinales que, en La Arena, Cimadevilla y el Centro hay un problema. Pero ojo que El Llano también saca la cabeza en la estadística. Siempre con la referencia de agosto de 2023 se comercializaban 630 viviendas de uso turístico en el Centro-Carmen con 2.425 plazas, 320 en La Arena con 1.313 plazas, 213 en El Llano con 839 plazas y 142 en Cimadevilla con 495 plazas. El ranking de los 10 primeros barrios se completa con El Natahoyo-Moreda (113 pisos y 473 plazas), Ceares (107 pisos y 391 plazas), Laviada (105 pisos y 427 plazas), La Calzada (70 pisos y 256 plazas) y El Coto (42 pisos y 166 plazas). Un matiz en el décimo puesto, que es para Pumarín por número de viviendas (30) y para El Bibio si se mira el número de plazas (114).

El crecimiento interanual está en los dos dígitos en casi todos esos barrios con el récord del 37% en La Calzada en la estadística de viviendas y del 28% en la de plazas en La Calzada y Ceares. La subida de agosto a agosto en El Llano ronda el 20%. Aunque en número de plazas están por encima en esa subida La Arena y Cimadevilla.

Y luego están los indicadores que miden el tensionamiento en cada zona en base a diferentes criterios. El tensionamiento por presión residencial vincula el número de VUT existentes por cada 100 viviendas. El oro es para Cimadevilla con 8,04. Muy por encima del 3,16 del Centro y el 3,05 de La Arenas. Vuelve a ganar Cimadevilla en tensionamiento por intensidad poblacional (número de VUT por cada 100 habitantes) con 19,35 y en tensionamiento por concentración turística (número de plazas de alojamiento por cada 100 habitantes) con 30,55. En esta estadística se justifica la presencia de El Bibio en el tercer puesto por la ubicación en esa zona de varios hoteles.

El estudio también hace una comparativa de la situación de Gijón con otros municipios costeros del Norte de España. En concreto con San Sebastián, Santander, Vigo y La Coruña. De 2020 a 2022 el crecimiento en Gijón fue del 27,6%. Por debajo de Santander y La Coruña con un incremento superior al 30%. Eso sí, Gijón coloca dos secciones censales entre las diez con mayor tensión de las que se pueden encontrar en las cinco ciudades.

Más allá de los números, el estudio también define el impacto socioterritorial que las viviendas de uso turístico producen. Por un lado, la gentrificación residencial al cambiarse los usos residenciales y comerciales orientados a los vecinos a otros pensados para los turistas y por otro la incidencia negativa sobre la sostenibilidad ambiental ya que una mayor población flotante genera un aumento de los residuos y necesidades de movilidad. Sin olvidar los problemas de convivencia que supone que se solapen en un mismo bloque viviendas de uso residencial con aquellas en las que entrar y salen los turistas. Un cuarto elemento tiene que ver con el ordenamiento urbanístico donde este fenómeno aún no ha sido definido de manera efectiva.

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